hLvf3Ld El acuerdo de Ovidio Guzmán con la justicia de Estados Unidos, que lo aproxima a la figura de testigo colaborador, genera inquietud tanto en el entorno del gobernador Rubén Rocha como en el del mandamás de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández.hLvf3Ld Omnia.com.mx
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hLvf3LdEl problema es, desde ya, la campaña por la gubernatura del 2021, donde Ovidio habría jugado un papel muy activo en favor Rocha que a su vez tuvo el respaldo total del exsecretario de Gobernación. La crisis a la que se expone Rocha golpea de lleno al senador Enrique Inzunza, quien pretende sucederlo y que, según cuentan en la política sinaloense, siempre tuvo llegada a la familia Guzmán.hLvf3Ld Omnia.com.mx
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hLvf3LdPor cierto: el fin de semana en la reunión de consejeros de Morena siempre que se habló de narcotráfico y políticas fueron varias las miradas que se posaron sobre el gobernador.hLvf3Ld Omnia.com.mx
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hLvf3LdTambién sería complicada la situación del alcalde de Ahome Gerardo Vargas, a quien Óvido podría acusar de estar más cerca de sus rivales, la familia de Ismael "Mayo" Zambada. El senador Inzunza promovió el desafuero de Vargas para liquidar sus chances electorales. hLvf3Ld Omnia.com.mx
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hLvf3LdAnte este panorama es que la senadora Laura Imelda Castro busca emerger como una opción directamente vinculada a la presidente Claudia Sheinbaum, fundamentalmente porque no presenta la crisis reputacional - y judicial - que desboca a sus rivales en la carrera por la candidatura.hLvf3Ld Omnia.com.mx
hLvf3LdLaura Imelda, como primer paso, busca ser la próxima titular de la Mesa Directiva del Senado, cargo que Adán Augusto quisiera darle a Andrea Chávez.hLvf3Ld Omnia.com.mx
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hLvf3LdCon información de: Lapolítica online.hLvf3Ld Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.