MocVmVBCIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal condenó a 60 años de prisión contra Arturo Méndez Ramos, integrante de una banda de secuestradores que operaba en la Ciudad de México.MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBLa Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal de la CDMX por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBEn el fallo, los magistrados también ordenaron a Méndez Ramos pagar una multa de 363 mil 505 pesos.MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBDe acuerdo con la FGR, Méndez Ramos era integrante de una célula criminal dedicada al secuestro en la CDMX y el Estado de México. MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBSegún los reportes policiales, mantuvo privadas de la libertad a dos personas en el año 2002.MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBElementos de la Policía Federal Ministerial lo detuvieron en octubre de ese mismo año, en el Estado de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión emitida en su contra.MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBTras su arresto, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la Ciudad de México.MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBSin embargo, deberá purgar el resto de su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz.MocVmVB Omnia.com.mx
MocVmVBCon información de proceso.com.mxMocVmVB Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.