Hallan drogas y armas en propiedades del alcalde morenista de Cuautempan, Puebla
PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General de Puebla, con el apoyo del Ejército, la Marina y policía estatal, cateó inmuebles propiedad del alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien fue postulado por PT-Morena, en los cuales decomisó drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos.
En un comunicado, la FGEP señala que estos cateos llevados a cabo en Cuautempan y en Ahuacatlán, ambos municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla, se derivan de reportes de actividades ilícitas en esos lugares como cobro de piso de 200 a 500 pesos por comerciante, robo de mercancías a transportistas y negocios, así como venta y distribución de droga.
Según medios locales, las casas intervenidas son propiedad del actual presidente municipal, Cortés Caballero, y de su padre, de igual nombre, quien también fue alcalde de ese municipio en dos periodos anteriores (2008-2011 y 2018-2021), grupo político que se había sumado a la 4T.
Los pobladores reportan que Cortés Caballero no ha hecho apariciones públicas desde el jueves, por lo que se presume que se dio a la fuga.
En tanto que la FGEP informó que los inmuebles quedaron asegurados, pero no reporta personas detenidas. Solo indica que las investigaciones continúan para dar con los responsables de esas actividades ilícitas.
Cabe recordar que el 7 de marzo fueron aprehendidos los alcaldes de Chalchicomula de Sesma y de Tlachichuca, los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, luego de que se llevaron a cabo cateos en inmuebles de su propiedad.
A la fecha se encuentra prófugo Ramiro González Vieyra, quien es hermano de los dos ediles detenidos y a su vez era presidente municipal de la localidad vecina de San Nicolás Buenos Aires. Los tres hermanos llegaron a la alcaldía tras ser candidatos por Movimiento Ciudadano.
Con información de proceso.com.mx
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Dos estados panistas en el top 3 de homicidios dolosos
En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.
Pretende UACH vender rancho agrícola
Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.
Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH
El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
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