kaqgrSJAl concluir el primer año de la LXVI Legislatura, la diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN, Carmen Rocío González Alonso, hizo un balance del trabajo realizado durante este periodo, el cual estuvo marcado por una firme oposición a los intentos de Morena por concentrar el poder y debilitar las instituciones democráticas del país.kaqgrSJ Omnia.com.mx
kaqgrSJIndicó que este ha sido un periodo legislativo difícil, en el que Morena intentó una y otra vez consolidar un modelo autoritario en México. “Desde el primer día enfrentamos una reforma al Poder Judicial que buscaba politizar la justicia y someter a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte”.kaqgrSJ Omnia.com.mx
kaqgrSJ“La mezquindad y la soberbia de Morena y de sus legisladores se impusieron sobre una agenda que no tiene cabida para la razón y debate legislativo, incluso para el análisis a profundidad. Al final fue una contradicción lo que aprobaron porque todo va en contra de la ciudadanía”, dijo. kaqgrSJ Omnia.com.mx
kaqgrSJGonzález Alonso denunció que cada reforma impulsada por Morena ha tenido como objetivo darle más poder al gobierno y restar derechos a la ciudadanía. “Militarizaron al país, manipularon la Constitución y atacaron sin descanso a quienes pensamos diferente”, añadió.kaqgrSJ Omnia.com.mx
kaqgrSJEntre los retrocesos más graves, señaló la legisladora por Chihuahua, está la desaparición o debilitamiento de órganos autónomos fundamentales como el INAI, Cofece, IFT y Coneval, lo que calificó como “un golpe brutal al Estado mexicano”, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos guardaba un silencio cómplice.kaqgrSJ Omnia.com.mx
kaqgrSJAsimismo, alertó sobre el crecimiento histórico de la deuda pública, que pasó de 80 mil a 140 mil pesos por cada mexicano, al mismo tiempo que se recortaban presupuestos clave para salud y seguridad, mientras se destinaban recursos a obras faraónicas como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.kaqgrSJ Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.