u5GRt7MLa gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó este miércoles que se encuentra “muy tranquila” a pesar de que Estados Unidos le ha revocado su visa y dijo que continuará trabajando desde su cargo, además de que no saldrá de la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). u5GRt7M Omnia.com.mx
u5GRt7MEn conferencia de prensa, una periodista le preguntó a la gobernadora su opinión luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se negara a excluirla de las mesas de seguridad ante los reclamos de la oposición. u5GRt7M Omnia.com.mx
u5GRt7M"Ustedes sí saben que sea requisito tener visa para gobernador un estado. No lo es, ¿verdad?, entonces vamos a seguir trabajando de frente. Aquí estoy en estos momentos atendiendo mi mañanera desde Tijuana, Baja California", dijo. u5GRt7M Omnia.com.mx
u5GRt7MMarina del Pilar indicó que es cuestión de tiempo que se resuelva esta medida consular que también se aplicó a su esposo, Carlos Torres. u5GRt7M Omnia.com.mx
u5GRt7M"En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa (...) la verdad es que yo tengo la conciencia tranquila y con la frente en alto vamos a seguir trabajando, respeto mucho la soberanía de los Estados Unidos y vamos a seguir trabajando en coordinación", añadió. u5GRt7M Omnia.com.mx
u5GRt7MMarina del Pilar dijo que continuará al frente de la Conago hasta que culmine su cargo como presidenta del organismo. u5GRt7M Omnia.com.mx
u5GRt7M"Me van a seguir viendo de frente, firme, valiente, es más, esto nos va a servir de seguramente de mucho crecimiento y vamos a seguir adelante y continuar con la agenda como lo hemos hecho", comentó. u5GRt7M Omnia.com.mx
u5GRt7MCon información de Latinusu5GRt7M Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.