S8QYarcEl exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, deberá cumplir 22 años de prisión después de que le ratificaran la condena que le impuso un tribunal por el delito de violación de un menor en febrero de 2024.S8QYarc Omnia.com.mx
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S8QYarcLa defensa del exlegislador interpuso una apelación a la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla para reducir su pena.S8QYarc Omnia.com.mx
S8QYarcNo obstante, fue desechada por el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Puebla.S8QYarc Omnia.com.mx
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S8QYarcEl despacho jurídico Bearr informó mediante un comunicado la determinación de mantener la sentencia en contra Huerta Corona.S8QYarc Omnia.com.mx
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S8QYarcAsimismo, el exmorenista tendrá que pagar una multa económica de 36 mil 770 pesos, esto es, 325 umas.S8QYarc Omnia.com.mx
S8QYarcSaúl Huerta se encuentra preso en el Reclusorio Oriente desde 2021 cuando fue encontrado culpable por el delito de violación en agravio de un menor de edad. S8QYarc Omnia.com.mx
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S8QYarcEn cuanto surgieron las acusaciones en su contra, la Cámara de Diputadosaprobó su desafuero para que pudiera ser procesado por las autoridades correspondientes.S8QYarc Omnia.com.mx
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S8QYarcLa Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México recibió tres denuncias adicionales por casos similares de abuso.S8QYarc Omnia.com.mx
S8QYarcDe acuerdo a la defensa de la víctima que presentó la denuncia, la familia del menor recibió amenazas por parte del entonces legislador, por lo que tuvo que mudarse a Estados Unidos.S8QYarc Omnia.com.mx
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S8QYarcCon información de: Político.mxS8QYarc Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.