Un sismo de magnitud 6.0 sacude Perú
hTO17LYUn terremoto de magnitud 6,0 se produjo este sábado en Perú, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de EE.UU. El movimiento telúrico se registró a las 10:22 (UTC), con el epicentro a 6 kilómetros al oeste de San Pedro.hTO17LY Omnia.com.mx
hTO17LYPor su parte, el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú comunicó que el temblor ocurrió a una profundidad de 97 kilómetros y que el epicentro se situó a 23 kilómetros al sur de Puquio, departamento de Ayacucho. hTO17LY Omnia.com.mx
hTO17LYEl temblor se sintió en localidades como Ayacucho, Arequipa, Lima, y otras del sur y centro del país. Hasta el momento no se han reportado daños, recogen medios locales.hTO17LY Omnia.com.mx
hTO17LYCon información de actualidad.rt.comhTO17LY Omnia.com.mx
Tips al momento
Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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