a6HgAJcCIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los representantes de Morena y del PAN intercambiaron acusaciones de nepotismo y de redes de intereses familiares en Durango, estado gobernado por el PRI que tendrá elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías. a6HgAJc Omnia.com.mx
a6HgAJcEl representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago Rodríguez, aseveró que en el municipio de Otáez --cuya población ronda los 5 mil habitantes--, el consejo electoral está captado por la familia de la candidata PRI-PAN, Rocío Mendoza Paniagua. a6HgAJc Omnia.com.mx
a6HgAJc"Esta no es una anécdota local, es un claro conflicto de interés real, patente y documentado que amenaza la objetividad de cada decisión en el municipio de Otáez, Durango; desde la custodia de las boletas, hasta el cómputo municipal", aseveró el político. a6HgAJc Omnia.com.mx
a6HgAJcEl representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, reviró al morenista que su partido detectó "el parentesco del presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Durango con su candidato de Morena", por lo que acusó al partido guinda de actuar con "parcialidad" y con "doble rasero". a6HgAJc Omnia.com.mx
a6HgAJcNi uno ni otro habló de la polémica afiliación de Enrique Benítez, figura histórica del PRI en Durango, cuyo padrino en Morena fue Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este gesto desató burlas entre las voces críticas de Morena, y molestias en la corriente intelectual del partido. a6HgAJc Omnia.com.mx
a6HgAJcCon información de proceso.com.mxa6HgAJc Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.