H32XjvCDurante el evento "Proyectos prioritarios" en Baja California Sur, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que renunció a su derecho de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los elija el pueblo, porque eso es democracia.H32XjvC Omnia.com.mx
H32XjvCEsta declaración sucede a 15 días de la elección popular del Poder Judicial, al advertir que han "arreciado" las críticas contra este nuevo proceso de elección en el país.H32XjvC Omnia.com.mx
H32XjvCDurante el evento en Baja California Sur, en compañía del gobernador Víctor Manuel Castro, la Mandataria aseguró que el pueblo de México "es mucha pieza", por lo que millones van a salir a votar el siguiente 1 de junio por jueces, magistrados y ministros del máximo tribunal del país. H32XjvC Omnia.com.mx
H32XjvC"Ya hay manifestaciones en contra de la elección, ya arreciaron las críticas contra nuestro gobierno, contra todos, pero ¿saben qué? El pueblo de México es mucha pieza y millones y millones van a salir a votar el 1 de junio y van a decir: 'México es un país democrático', en México el único que decide es su pueblo, el pueblo de México decide en nuestro país", indicó.H32XjvC Omnia.com.mx
H32XjvCEn ese sentido, criticó que, en su momento, el expresidente Ernesto Zedillo mandó una iniciativa para que se cambiara el número de ministros a 11, mismos que nombró vía el Senado de la República, lo cual no era una forma democrática de elegir, dijo la Mandataria.H32XjvC Omnia.com.mx
H32XjvCAgregó: "Nosotros estamos renunciando a ese derecho que tenía el presidente de la República. ¿Y por qué renunciamos a ello? Porque queremos que elija el pueblo, pues eso es democracia".H32XjvC Omnia.com.mx
H32XjvCCon información de Informador.mxH32XjvC Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.