Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana, recibe amenazas telefónicas; Artículo 19 exige intervención de FGR

La periodista Adela Navarro Bello, directora general del semanario Zeta de Tijuana, en Baja California, ha recibido al menos ocho llamadas telefónicas con amenazas, luego de diversas publicaciones periodísticas que involucran a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

La organización internacional Artículo 19 exigió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos. 

 

 

“(La) Oficina regional para México y Centroamérica condena las amenazas dirigidas contra la periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA, medio con sede en Tijuana, Baja California, que desde hace décadas realiza cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado”, señaló la organización mediante un comunicado

De acuerdo con Artículo 19, hasta el momento la periodista ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas, entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025, comunicaciones en las que una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato. 

Las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la FGE, en torno a una narcofosa, y se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal. 

 

Entre otras publicaciones recientes del semanario Zeta se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.

 

Secretaría de Seguridad omite iniciar investigación

 

La periodista Adela Navarro explicó a Artículo 19 que en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía, pero en las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta. 

“Esto pudiera también implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples”, señala la organización. 

Además, los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer el origen de estas comunicaciones. 

 

Adela Navarro informó sobre estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva. 

“La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público”, señaló Artículo 19. 

Ante esta situación, la organización exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), perteneciente a la FGR, iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables.

En tanto, pide al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), otorgar medidas de protección inmediatas para la periodista y el equipo de semanario Zeta, considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones.

 

En 2024, Artículo 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales, la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha señalado que estasacciones provocan un efecto de autocensura que obstaculiza el ejercicio periodístico y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a obtener y difundir información e ideas de cualquier tipo.

 

 

 

 

Con información de: Animal político.

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El INE,  se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.

En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de  pesos.

Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.

La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y  responsabilidad democrática. 

 

 

 

 

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