Juez federal ordena al gobierno de Trump regresar a migrante guatemalteco deportado a México
EFE.- Un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar el regreso de un hombre guatemalteco quien fue recientemente deportado a México, pese a que una corte en febrero le había otorgado protección humanitaria al considerar que su vida corría peligro fuera de Estados Unidos.
El hombre, que en la causa solo ha sido identificado de momento por las iniciales O.C.G., es uno de cuatro litigantes en una demanda colectiva que cuestiona, la expulsión del país a migrantes, sin que se les permita impugnar sobre el argumento de que podrían correr el riesgo de "sufrir persecución, tortura o la muerte" si regresaban a su país de origen o si eran deportados a un país alternativo.
El magistrado Brian Murphy del Distrito de Massachusetts emitió esta orden a última hora del viernes tras considerar que el gobierno cometió un error al expulsarlo, quien aseguró que por ser homosexual su vida corría peligro fuera de Estados Unidos.
El juez insta al gobierno en su fallo a "tomar todas las medidas de manera inmediata, incluida la coordinación con los abogados de los demandantes, para facilitar el regreso de O.C.G. a Estados Unidos".
En febrero, una corte de migración le había concedido al hombre el llamado "bloqueo de expulsión" al dar por probado que su deportación a Guatemala lo pondría en peligro, según se afirma en la denuncia.
Murphy es el mismo que el mes pasado emitió una orden para bloquear la expulsión de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, edicto que supuestamente ha violado Trump, al permitir el despegue de un avión con estas ocho personas, que asegura a su vez que siguen bajo custodia federal en Yibuti.
No es la primera vez que un juez federal ordena a la administración del neoyorquinotraer de vuelta a un migrante deportado, ya que una corte conminó recientemente facilitar el retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a su país pese a que también contaba con una orden previa que restringía su expulsión al considerar que su vida corría peligro si era retornado.
La administración admitió que la expulsión de Ábrego García fue un "error administrativo", pero argumentó que no puede asistir en su retorno porque se encuentra bajo custodia de otro gobierno.
Otro tribunal determinó también que la expulsión, también a El Salvador, de un ciudadano venezolano, Daniel Lozano Camargo, vulneró otra decisión judicial para proteger a determinados migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.
Para expulsar al hombre venezolano, el gobierno abanderó la misma norma que empleó para expulsar a Ábrego García, la Ley de Enemigos Extranjeros, no utilizada desde la "II Guerra Mundial" y que la nueva administración de Trump quiere emplear para realizar las expulsiones sumarias argumentando que bandas de crimen trasnacional como el "Tren de Aragua", de la que dicen que Lozano Camargo forma parte, están invadiendo el país.
Con información de: LatinUs.
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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