Reforma judicial dejó sin empleo a jueces y ahora sin indemnización
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a jueces y magistrados que, debido a que Nacional Financiera (Nafin) entregó más de 10 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial al gobierno federal, no tiene dinero para pagar las indemnizaciones de quienes, con base en la reforma judicial, tendrán que dejar sus cargos anticipadamente. Los juzgadores solicitaron sancionar a la institución financiera.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió al CJF el pago inmediato de las indemnizaciones contempladas en la reforma judicial, pero a través del oficio SEA/DGRH/DN/SN/22436/2025, fechado el 12 de mayo, el secretario Técnico A del Consejo, Israel Fernando González Reyes, indicó que no será posible.
“No se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a poder de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como se dispuso en el mismo Décimo Transitorio del Decreto”, señaló el CJF a la directora de la JUFED, Juana Fuentes.
Sin embargo, este 21 de mayo el Pleno del CJF precisó a la JUFED que esta no es una respuesta definitiva, pues los consejeros aún se encuentran analizando su petición.
“El escrito de solicitud de esa asociación fue sometido, en sesión ordinaria del 7 de mayo de 2025, a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como consta en el oficio SEPLE./15/GEN./004/2073/2025.
“En este sentido, el oficio señalado en primer término, no representa una respuesta o pronunciamiento por parte del Pleno de este Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 141; 143, fracción VI Bis; 169; y 170, fracción XLIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para todos los efectos legales conducentes se atenderá lo únicamente previsto en el oficio SEPLE de mérito”, señaló el CJF a través del oficio SEA/DGRH/24757/2025.
Elecciones
La reforma obligó a la mitad de los jueces y magistrados federales a decidir si participarán o no en la elección judicial del 1 de junio próximo.
Quienes no participaron en la contienda electoral debían presentar sus renuncias anticipadas al cargo para que, una vez realizada la elección, sus plazas fueran ocupadas por los nuevos juzgadores.
El Décimo Transitorio de la reforma establece que ellos y los jueces o magistrados que pierdan sus cargos en la contienda electoral recibirán una indemnización de tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio que estuvieron en el PJF y todas las prestaciones a las que tienen derecho.
Los montos debían ser cubiertos con los fideicomisos del PJF que la propia reforma electoral ordenó extinguir.
Esta extinción fue impugnada mediante amparos en los que han sido concedidas suspensiones que frenan la transferencia de ese dinero a la Tesofe mismo que, al inicio de 2025, sumaba 10 mil 248 millones 430 mil 313.55 pesos.
Proceso confirmó que el 31 de marzo pasado, cuando el CJF se preparaba para publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los montos de cada fideicomiso, ni siquiera pudo revisar las cuentas.
Ello debido a que el usuario del CJF había sido bloqueado por Nafin, con quien el consejo había constituido los fideicomisos, que al ser consultada informó que “por órdenes superiores” entregó los recursos a la Tesofe y por ello ya no podían acceder a las cuentas.
El hecho fue informado el 10 de abril por el CJF, que reprochó que la transferencia se realizó sin previa autorización y notificación, lo que es contrario a las cláusulas establecidas en los contratos firmados con Nafin.
“Nacional Financiera (Nafin) le ha comunicado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que transfirió a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos de los fideicomisos que el Consejo había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito.
“Lo anterior, sin que el CJF, en su carácter de fideicomitente, fuera consultado al respecto y sin que hubiera girado instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos atendiendo a las cláusulas del Contrato. El CJF ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente”, indicó el Consejo.
Al día siguiente del anuncio del CJF, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la legalidad de la transferencia de los recursos a la Tesofe y anunció que serán destinados principalmente al ISSSTE.
Este 22 de mayo el Colectivo Artículo 41, conformado por jueces y magistrados federales, anunció que en el juicio de amparo en el que existe una suspensión definitiva y firme contra la entrega de los recursos a la Tesofe, solicitó al juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en Jalisco que sancione a Nafin por incumplir con la medida judicial.
“Que se determine que Nacional Financiera ha violado la suspensión que se había otorgado a más de 850 personas. En esa suspensión de manera expresa se ordenó que ‘[n]o se extingan los fondos, fideicomisos [...] que actualmente existen en el PJF [...] ni sean enterados los recursos remanentes, productos y aprovechamientos que existan en dichos instrumentos a la Tesorería de la Federación, ni se destinen a la implementación ni demás propósitos del Decreto reclamado’”, señaló el Colectivo.
“La consecuencia de esa conducta delictiva es que al día de hoy el Consejo de la Judicatura Federal carece de recursos para indemnizar a los juzgadores federales que se han separado del cargo obligados por esa reforma”.
Con este procedimiento, los juzgadores buscan que el funcionario de Nafin que ejecutó la transferencia de los recursos del CJF sea consignado ante el ministerio público federal por desacato a un mandato judicial e incluso se ordene su destitución del cargo.
Los montos
Esta casa editorial confirmó que en estos 30 años el PJF conformó 14 fideicomisos operados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que inicialmente se constituyeron con recursos públicos, pero también han sido nutridos con contribuciones de los trabajadores o recursos generados por la institución a través de actividades como la venta de publicaciones.
La Corte operaba estos fideicomisos: el de pensiones complementarias para mandos superiores, de donde salen los haberes de retiro de los ministros; el de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo; el Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Médico Extraordinario, que se otorgaba al personal que menos gana en la SCJN en caso de extrema urgencia médica.
También el Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CDs y otros proyectos; los Remanentes Presupuestales, que servía para administrar el dinero que sobró de los presupuestos de 1998 y años anteriores para dar mantenimiento a los inmuebles de la institución y se componía por remanentes tanto de la Corte como del CJF, y el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica).
Aunque en diciembre del año pasado la Corte ordenó transferir todos los recursos de esos fideicomisos a la Tesofe, únicamente pudieron ser transferidos los del Fondo Jurica, 853 millones 913 mil 710 pesos, porque Nafin señaló estar impedida para tocar el dinero con base en las suspensiones que “congelaban” los fideicomisos del CJF.
El TEPJF opera dos fideicomisos: el de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos de la institución, que tiene el mismo objetivo que el de la Corte y el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España que sirve para financiar proyectos bilaterales y el fideicomitente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mientras que el CJF creó 6 fideicomisos: el de Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados, que hasta el 31 de diciembre de 2024 tenía 5 mil 458 millones 817 mil 587.99 pesos; el Fideicomiso para el Mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces, que tenía 71 millones 230 mil 195.16 pesos y se financiaba con fondos privados, producto de las aportaciones que se descontaban vía nómina a jueces y magistrados.
Las casas a las que estaba destinado ese fideicomiso no son propiedad de los juzgadores sino del CJF y se les prestaban cuando, por razones del servicio, eran transferidos por el propio Consejo de un estado a otro y para ayudarles a tener dónde vivir en lo que consiguen un lugar por su cuenta y establecerse en su nuevo lugar de trabajo.
El de Apoyos Médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del PJF, excepto los de la Corte, que hasta el 31 de diciembre de 2024 contaba con 80 millones 422 mil 479.98 pesos.
Desarrollo de Infraestructura que implementa las reformas Constitucionales en materia de Justicia Federal, que se utilizaba para la construcción de Centro de Justicia Penal, que contaba con 4 mil 637 millones 960 mil 50.42 pesos.
El Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia y el de administración de los recursos provenientes de sentencias.
Con información de proceso.com.mx
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De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.
Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.
“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
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Promociona ¡Ah, Chihuahua! letras de Camargo que ya no existen
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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
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De acuerdo con los reportes, la propaganda corresponde a la delegada del Bienestar Mayra Chávez y habría sido entregada en zonas cercanas al evento realizado un día antes.
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Después de 6 años de la masacre LeBarón en la comunidad de La Mora, el líder mormón Julián LeBarón, quien además ha mostrado su interés por contender en Chihuahua por un puesto político, volvió a tomar el tema en medios nacionales.
LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
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Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.
Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.
Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
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