Candidato en la elección judicial lanza reto a la Corte: no ignorar a los pueblos indigenas

COLIMA, COL. (Proceso).– Con su nueva integración, resultante del proceso electoral judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá como reto fundamental atender exigencias de los sectores históricamente discriminados, entre ellos los pueblos originarios, asegura el jurista y defensor de los derechos humanos Antonio Sorela Castillo, candidato a ministro del máximo órgano de justicia en el país.

“La pregunta es si, en la interpretación de las normas, la Suprema Corte va a respetar y proteger el derecho a la autodeterminación que tienen estas comunidades, de acuerdo con su cosmovisión”.

Para garantizar de mejor manera la impartición de justicia a toda la población mexicana, indica el académico, se requiere que la SCJN constituya un grupo interdisciplinario especializado en diversos temas, sobre todo en interculturalidad.

Además, los nuevos ministros “deberán estar conscientes de que, si emiten resoluciones regresivas o contra los derechos de las comunidades, los pobladores indígenas se van a manifestar, levantar e incluso exigir públicamente que renuncien al cargo porque van a decir: ‘Nosotros los designamos, nosotros queremos que se salgan’ por incumplir con las expectativas”.

Originario de la comunidad indígena de Tetelpa, municipio de Zacatepec, Morelos, Antonio Sorela es doctor en Derecho, cuenta con un posdoctorado en Derecho Público y, entre otras obras, es autor de una edición comentada y traducida a la lengua náhuatl de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En entrevista con Proceso, el doctor Sorela Castillo expone que históricamente los pueblos originarios han sido invisibilizados y la justicia no ha sido para ellos.

“Las normas fueron hechas para personas no indígenas, y la mayoría de los ciudadanos no tienen conocimientos ni pueden interpretar el objetivo de una norma. La justicia, al igual que otros servicios, han sido negados a las comunidades para obligar a que aprendieran la lengua española y tuvieran que ir olvidando poco a poco las lenguas originarias”, explica.

El costo de la falta de acceso efectivo a la justicia ha sido alto para los habitantes de los pueblos originarios. “En materia penal –dice Antonio Sorela– muchas personas han sido acusadas y sentenciadas de manera incorrecta e injusta, mientras que, en otras materias, el Estado ha permitido la explotación y el saqueo de recursos naturales de los pueblos sin que éstos tengan conocimiento de sus derechos”.

Sorela Castillo considera que el Estado mexicano tiene varias deudas con los pueblos originarios, incluyendo el respeto a su autonomía, la recuperación de las lenguas originarias, la educación inclusiva y el acceso a la justicia.

A mí me parece que en principio, insisto, una de las mayores deudas es la cuestión del respeto a su autonomía como pueblos originarios, el que se reconozca que ellos son los que tienen la posibilidad de decidir el futuro de sus recursos naturales.

Respecto de la reforma al Artículo 2 Constitucional, que reconoce como sujetos de derecho público a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, en vigor desde el 1 de octubre pasado, el doctor Sorela considera que es un avance importante, pero acota que falta mucho por hacer en su implementación.

La reforma constitucional establece que “la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades como una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ella”.

Sorela Castillo comenta que con esa modificación legislativa “no es que se haya hecho una revolución de un día para otro; hubo que pasar todo un proceso que me parece que fue lento, pero pese a que hoy tenemos un estado de las cosas que no soluciona todas las deudas con los pueblos originarios, constituye un gran avance”.

Por ahora, propone, “tenemos que sentarnos a revisar cada parte de la reforma del Artículo 2 Constitucional para ver cómo se va a implementar y qué falta para que los pueblos y comunidades tengan acceso a los derechos y prerrogativas que como comunidades deben tener”.

–¿Sobre qué aspectos debería ponerse atención para lograr aplicar la reforma de la mejor manera?

–Hay que ver el tema de los requerimientos de las comunidades, que no dejemos fuera a ningún pueblo originario, que entendamos que los recursos deben ser manejados directamente por ellos, sin la interferencia de grupos o poderes, así como tener mucho cuidado de que no se maneje como un asunto de clientelismo político.

También es fundamental precisar con claridad sobre la autonomía de la justicia indígena, porque ahí tenemos muchas dudas de que pueda haber respeto hacia las comunidades, y falta mucho trabajar sobre el tema educativo para la recuperación de nuestras lenguas maternas, que aun cuando se ha avanzado en unos estados, en otros todavía son muy débiles los resultados.

Entre otros temas importantes para Sorela se encuentra lo relativo a la autodeterminación de los pueblos y las comunidades, así como analizar los criterios para identificarse como indígenas, que actualmente se ha dejado abierto.

Intromisión del Estado

En relación con el reconocimiento del derecho consuetudinario de las comunidades originarias, Antonio Sorela considera que, aunque existen avances, éstos no son definitivos y falta mucho por hacer, además de que los logros se han obtenido como resultado de las luchas de los pueblos, no por una concesión del Estado. 

Se muestra convencido de que la mínima intervención es un principio importante que debe guiar la actuación de los órganos jurisdiccionales en relación con la autonomía de los pueblos originarios.

“¿Qué quiere decir esto? En la justicia indígena –explica– los pueblos originarios tienen el derecho en principio de resolver sus conflictos de manera interna: primero ellos establecer la sanción a las personas por cometer un delito y en caso de que ellos no pudieran resolverlo por sí mismos de acuerdo con su autonomía, ahí sí entraría el órgano jurisdiccional”.

En la práctica, advierte, todavía existe intromisión del Estado en el sistema normativo de las comunidades, pese a que se les debe respetar el derecho de solucionar sus asuntos, es decir, “los sistemas tradicionales deben reconocerse como la forma auténtica de los pueblos originarios que ellos desde antes lo tienen”.

No obstante, aclara el jurista, si se percibe que los sistemas tradicionales atentan contra algún derecho humano, tendrían que intervenir los órganos del Estado para resolver y evitar males mayores o conflictos internos, pero en cualquier caso se tiene que respetar la autonomía de los pueblos originarios de acuerdo con su sistema interno.

El doctor Sorela plantea que los sistemas de justicia tradicionales deben adecuarse a las nuevas realidades y es necesario revisarlos para evitar la vulneración de los derechos humanos al interior de las comunidades. “Necesitamos que se reconozca que la justicia indígena funciona y funciona muy bien cuando está sujeta al respeto absoluto de los derechos humanos”.

Comenta que no se debe soslayar que existen avances en México y en América Latina en los esfuerzos por erradicar prácticas violatorias de los derechos humanos en los sistemas tradicionales, como el matrimonio forzado, explotación sexual, tráfico de personas y maltrato infantil, entre otras. 

“Cada estado debe dialogar con sus comunidades, apoyarles como entidades sobre ese marco normativo que se tiene de acuerdo a cada cosmovisión, incluso asesorarles sobre situaciones que no deben continuar. 

“Tenemos que erradicarlas, pero con diálogo, de manera diferente; no podemos llegar y querer cambiar las cosas de la noche a la mañana porque a los pueblos originarios no se les cambia de la noche a la mañana”, manifiesta Sorela Castillo.

–¿Qué impacto considera usted que generó el movimiento zapatista de 1994, surgido hace más de tres décadas en Chiapas, para la conquista de derechos que se aprecia ahora en las leyes del país para los pueblos originarios?  

–Primero, la visibilización, que se reconociera que existimos como pueblos originarios y que somos muchos, que no somos una minoría, que somos los verdaderos dueños del territorio mexicano y que, de acuerdo con nuestra cosmovisión, con nuestra historia, merecemos ser respetados. Tenemos derechos, pero no sólo ser reconocidos esos derechos en un texto, en normas, en leyes, sino que se tienen que garantizar.

“Por lo tanto, a mí me parece fundamental ese movimiento donde se ha exigido, vía estas luchas, reconocer que los pueblos y comunidades originarias son sujetos de derecho. Hoy con la reforma al Artículo 2 Constitucional ha quedado claro que los pueblos originarios siempre han tenido esos derechos. No es que nos dieran concesiones, no es que nos están dando los derechos, lo que estamos haciendo es recobrar esa dignidad, esa identidad como personas propietarias verdaderas de México”.

Con información de proceso.com.mx