Grupo de la ONU pide a México liberar e indemnizar a cinco activistas indígenas en Chiapas; los condenaron a 25 años de prisión
EFE.- La detención y posterior condena a 25 años de prisión a cinco activistas indígenas en Chiapas violó el derecho internacional, por lo que los afectados deben ser "liberados" e "indemnizados", dictaminó el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la detención arbitraria de los hombres.
Según reportes, habrían sido detenidos de manera injustificada por el homicidio de un hombre, que al no poder pagar el "acceso" al municipio de San Juan Cancuc, fue "brutalmente" golpeado, por lo que murió.
La decisión del grupo de expertos, adoptada el pasado 4 de abril, pero publicada ahora, subraya que la detención en 2022 de los cinco activistas indígenas: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco contraviene con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para remediar esto, el comité señaló en su decisión "no vinculante" que las autoridades mexicanas deberían "poner a los cinco individuos inmediatamente en libertad y concederles el 'derecho efectivo' a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".
También conminan al gobierno mexicano a investigar las circunstancias en torno a la privación arbitraria de su libertad a los cinco indígenas y adoptar medidas contra los responsables de la "violación a sus derechos".
Los sujetos del caso fueron detenidos a finales de mayo y principios de junio del 2022 por el homicidio de una persona en el municipio de San Juan Cancuc, retenida por pobladores que le exigían una "multa" para permitirle el acceso y que al ser golpeado por no poder pagar, le causó la muerte horas después.
El 17 de mayo de 2023 fueron condenados a 25 años de prisión, y tras solicitarse una repetición del juicio recibieron la misma pena el 19 de abril de 2024.
Al analizar este proceso, el grupo de trabajo de la ONU observó varias irregularidades, como que los acusados no fueron presentados ante un juez inmediatamente después de su detención o la desaparición forzada de algunos de ellos durante las primeras horas del arresto.
Los cinco son de origen indígena del pueblo maya tseltal quienes habían participado en movimientos de defensa de los derechos humanos y del territorio en la zona de San Juan Cancuc.
Santiz Cruz, en particular, presidió un comité de derechos humanos local que promovió acciones de defensa de la tierra en contra de la construcción de un tramo de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque.
El comité local también se opuso a la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en el municipio.
El grupo de la ONU sobre Detención Arbitraria está presidido por la exjueza ucraniana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ganna Yudkivska, a quien acompañan los juristas Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia).
Con información de Latinus.
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De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.
Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.
“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
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“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.
Promociona ¡Ah, Chihuahua! letras de Camargo que ya no existen
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La publicación ha generado críticas y desconcierto, ya que invita a turistas a visitar el municipio mostrando un atractivo que actualmente no está disponible. Esto ha sido señalado como una falta de actualización e incluso desconocimiento por parte de las autoridades encargadas de promover el turismo en la entidad.
Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
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En Ciudad Juárez, se reportó la distribución de material propagandístico en las inmediaciones donde el senador Juan Carlos Loera encabezó la asamblea “Juárez es México” el pasado domingo 22 de marzo de 2026.
De acuerdo con los reportes, la propaganda corresponde a la delegada del Bienestar Mayra Chávez y habría sido entregada en zonas cercanas al evento realizado un día antes.
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Después de 6 años de la masacre LeBarón en la comunidad de La Mora, el líder mormón Julián LeBarón, quien además ha mostrado su interés por contender en Chihuahua por un puesto político, volvió a tomar el tema en medios nacionales.
LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
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Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.
Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.
Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
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