TEPJF ordena incluir a Cuauhtémoc Blanco en el Registro Nacional de violentadores del INE

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó inscribir por un año y seis meses al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia Política contra las mujeres del INE.

Lo anterior al determinar que el ahora diputado federal de Morena, y entonces gobernador del estado de Morelos, y Arturo Millán, entonces director general de logística y eventos, cometieron violencia política en contra de la entonces diputada de Morena, Juanita Guerra Mena.

Dicha resolución se da como parte de una ordenamiento de la Sala Superior del TEPJF, quien instó a retomar una queja de violencia política en contra de ambos exfuncionarios de Morelos, al considerar que el argumento de la Sala Especializada sobre desechar el recurso debido a que el asunto había caducado, fue incorrecto ya que el caso se alargó injustificadamente por un período de un año y 9 meses.

De acuerdo con la queja, se acreditó que tanto Cuauhtémoc Blanco, como Arturo Millán cometieron violencia política al impedir a la diputada Juanita Guerra Mena el acceso al palco principal para presenciar el desfile conmemorativo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica “Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos”, que se realizó en mayo de 2023, a pesar de haber sido invitada a dicho evento.

En sesión pública virtual, el Pleno consideró que con dicha negativa y exclusión se actualizaron dos tipos de violencia: simbólica y psicológica contra la denunciante.

En consecuencia, la Sala Especializada del TEPJF dio vista tanto a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Morelos y a la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura de ese estado, para que determinen lo que en Derecho corresponda y, una vez que cause ejecutoria la sentencia, se deberá inscribir a Cuauhtémoc Blanco y Arturo Millán por 1 año y 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG del INE.

Advierten sobre uso de IA en la democracia

Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, advirtieron que la llegada de la inteligencia artificial va a cambiar decisivamente el sistema jurídico del país, ya que implica retos en la generación de jurisprudencias que brinde certeza y pautas claras en su manejo electoral.

Durante la inauguración de la Sexta Edición de la Semana Académica de la Escuela Judicial Electoral (EJE) y Coloquio sobre Derecho Electoral Comparado. Inteligencia Artificial y su impacto en la democracia, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, destacó que la Inteligencia Artificial (AI) y su impacto tiene que ser analizado por expertos para determinar si puede hacer más eficiente el sistema de justicia.

“La gran pregunta, y nuestra ineludible responsabilidad es: ¿Podemos usar la inteligencia artificial para hacer más eficiente el sistema de impartición de justicia sin poner en riesgo, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos?

“Debo señalar que el Tribunal ya ha emitido sentencias pioneras en el ámbito de inteligencia artificial, lo que demuestra que nuestra vanguardia en la interpretación de estas realidades. Pero estas sentencias, aunque fundamentales, también subrayan la urgente necesidad de generar más jurisprudencia que brinde certeza y pautas claras para el futuro”, recalcó.

Por su parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, sostuvo que la IA puede transformar positivamente nuestras sociedades, puede optimizar servicios públicos, combatir la desinformación mediante verificaciones rápidas y transparentes o fortalecer la participación ciudadana con plataformas innovadoras para la deliberación.

No obstante, reconoció que también implica riesgos significativos, ya que puede profundizar desigualdades. “Puede vulnerar la privacidad mediante sistemas de vigilancia masiva o manipular opiniones a través de algoritmos opacos que polarizan el debate. La diferencia entre el beneficio colectivo y el daño estructural no está en la tecnología, sino en las decisiones políticas y éticas que la rodean”, dijo.

Por eso, agregó, es fundamental que desde las instituciones académicas se impulsen los planteamientos necesarios para garantizar que la tecnología se utilice bajo principios éticos y jurídicos.

Con información de: El economista.