La “Ley censura” podría limitar gravemente la libertad de expresión: SIP
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la llamada “Ley Censura”, una reforma al Código Penal aprobada recientemente en Puebla que promete combatir el “ciberasedio”, pero podría “derivar en censura encubierta y limitar gravemente la libertad de expresión en entornos digitales", acusó.
La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de prensa con sede en Miami, Estados Unidos, se sumó así a varias figuras públicas, partidos políticos y a otras organizaciones, que han alertado que la reforma podría ser utilizada por el gobierno local para silenciar las voces críticas.
Bajo el argumento de proteger derechos personales, la denominada “Ley del Ciberasedio” establece mecanismos para que cualquier persona pueda solicitar la eliminación de contenidos digitales sin orden judicial ni revisión independiente.
La SIP enfatizó que estos mecanismos crearían “una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas, según sus críticos”. La reforma al código penal establece penas con prisión de 11 meses a tres años.
También crea el delito de “ciberasedio” para quien, “a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
El “ciberasedio” duplica el delito de “ciberacoso” que ya establece la Ley Olimpia, han señalado sus críticos. Además, la definición es ambigua y no aborda qué es una “ofensa” ni cómo se mide un “daño emocional”.
Los otros términos utilizados en la reforma abarcarían tanto difamación como opiniones críticas o denuncias periodísticas. La vaguedad de la reforma, “abriría la puerta a eliminar contenidos no por su falsedad, sino por presiones de actores con poder o intereses”, señaló la SIP.
"Ante la amenaza de eliminación arbitraria, periodistas y medios se verían incentivados a restringir sus análisis por temor a represalias, afectando la pluralidad informativa y limitando la memoria colectiva”, enfatizó la SIP.
Tras las críticas recibidas por parte de periodistas y organizaciones, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la reforma, que fue aprobada de manera exprés y publicada en el Periódico Oficial del Estado. Sin embrago, la presidenta del Congreso local sostuvo que la reforma se mantendrá firme.
La SIP también recordó que la Declaración de Salta?II sobre principios de libertad de expresión en la Era Digital, aprobada en octubre de 2024, y acusó que la reforma al código penal poblano “corroe esos principios básicos”.
Por ejemplo, el Principio?4, que establece que cualquier restricción al derecho de difundir información debe “estar establecida por ley, ser sometida a revisión judicial por un poder independiente y cumplir estándares internacionales de derechos humanos”.
También el Principio?10 advierte que “suprimir o desindexar información de interés público atenta directamente contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva”, apuntó la SIP.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, subrayó que “lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas.”
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), destacó que “esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo… sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.”
Este martes 17 de junio, durante la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, negó que el gobierno busque censurar a medios de comunicación. “Es una prioridad el respeto a las garantías individuales que vienen en la Constitución, y una de ellas es la libertad de expresión”, destacó. Y resaltó: “El gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura”.
Sin embargo, aprobó que el gobernador haya llamado a hacer un “análisis” y consultar a diversos sectores respecto a la ley que causó polémica.
Algunas de las organizaciones que condenaron la reforma fueron Artículo 19, la Red de Periodistas Puebla, y la organización Mujeres por Derecho, Cuidado y Vida Libre de Violencia, así como expertos en derechos humanos y ciberseguridad.
Alejandro Armenta ha sido acusado de estigmatizar, perseguir y presionar a periodistas críticos, como Rodolfo Ruiz, director de e-consulta. El 7 de abril del 2025, en una rueda de prensa, el gobernador llamó al periodista “canalla”, “cobarde” y “delincuente”, informó Proceso.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Le gana Corral a Godoy en la versión oficial de la vinculación de César "D"
El senador de Morena, Javier Corral se le adelantó a la titular de la FGR, Ernestina Godoy en difundir el comunicado oficial de la vinculación a proceso del ex gobernador César "D".
Cuando fue la captura de César "D", la primera en darlo a conocer fue Ernestina Godoy, pero ya en el proceso la publicación adelantada de Javier Corral evidenció que la funcionaria no difunde nada desde el 11 de diciembre.
Dicen que Javier Corral le ganó a Ernestina Godoy titular de a FGR en publicar la versión oficial en sus redes sociales la vinculación del exmandatario César "D" por presunto lavado de dinero por 73.9 millones de pesos.
Esta acción ha generado reacciones en el ámbito político ya que Godoy Ramos, no ha publicada nada desde el pasado 11 de diciembre. Que de la detención de César "D", fue Corral quien compartió lo publicado por Godoy, y a lo mejor ella, comparte la publicación del senador.
México en el Top 5 de los países más peligrosos del mundo
Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.
Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.
Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.
El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.
Andrea Chávez, pocas iniciativas y mucho asesor; avanzan Julieta Ramírez y Celeste Asencio
Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.
En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.
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