Rescatistas de 29 perros denuncian amenazas de muerte y hostigamiento tras operativo en criadero

Los activistas que el pasado domingo rescataron a 29 perros hacinados y utilizados para la reproducción con fines comerciales denunciaron este miércoles haber sido víctimas de amenazas de muerte, hostigamiento y allanamiento a sus propiedades.

Los activistas conocidos como Superhumano y El Álamo de Zazu detallaron que, desde el rescate de los canes, han recibido mensajes intimidatorios en redes sociales y por otras vías, en los que se les advierte que ya están “ubicados” y que les harán “lo mismo”: quitarles los animales que ahora resguardan y atentar contra su integridad.

“Nos dicen que saben dónde estamos, que nos van a quitar los perros como nosotros los quitamos y que nos van a matar. Esto ya no es solo un tema de protección animal, se ha vuelto un tema de seguridad personal”, expresó uno de los activistas, visiblemente afectado.

Además, denunciaron que temen que algunas de sus propiedades particulares vayan a ser forzadas en los últimos días, presuntamente en represalia por el rescate. Por ello, afirmaron presentarán denuncias ante las autoridades correspondientes por amenazas, allanamiento y daños a propiedad privada.


El caso, que ha generado un intenso debate público sobre los límites del activismo y la protección animal.

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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