Enlista Rosana Díaz la serie de enfermedades y envenenamiento de crematorios y funerarias en contra los chhuahuenses

La diputada de Morena,  Rosana Díaz Reyes, al proponer reforma  la Ley de Salud del Estado de Chihuahua, en relación a la gestión de residuos biológicos peligrosos y de quienes prestan servicios como crematorios y funerarias, enlistó la serie de enfermedades y envenenamiento que provoca la falta de regulación a los crematorios y funerarias.

La diputada propuso adicionar el artículo 274 Bis, de la Ley Estatal de Salud del Estado de Chihuahua, para quedar como sigue:

Artículo 274 Bis.- Para la obtención de permisos o licencias, todo establecimiento que preste servicios funerarios, de embalsamamiento o cremación, deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, demostrando mediante la autorización de la autoridad competente, cumplir con los criterios, regulaciones y protocolos para el manejo, clasificación, almacenamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), de conformidad con las normatividades federales aplicables.

El manejo de cadáveres y los procedimientos de embalsamamiento generan un torrente de residuos que, al ser vertidos sin tratamiento en el drenaje municipal, introducen un consorcio de agentes patógenos de alta peligrosidad directamente en el torrente sanguíneo de nuestras ciudades.

Amenaza Biolígica: 

"Hablamos de virus de notable resistencia ambiental, como el de la Hepatitis B y C, y de bacterias como Mycobacterium tuberculosis, que encuentran en la red de alcantarillado un vector de diseminación impensado. Más alarmante aún, y en un contexto global de crisis sanitaria, es el riesgo de la propagación de la Resistencia Antimicrobiana. Aguas Residuales (PTAR) municipales no están diseñadas. 

Reiteró que por eso es tan fundamental cumplir con la normatividad oficial para el tratamiento de estos residuos, como la Norma Oficial Mexicana, como la NOM-002-SEMARNAT-1996, en la que se regula las descargas al alcantarillado, pues no fue diseñada para medir compuestos tóxicos específicos como el formaldehído. Del mismo modo, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 sobre Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) que aunque no menciona explícitamente a las funerarias o crematorios, sí menciona el tratamiento de cadáveres.

La  amenaza química. 

El proceso de embalsamamiento depende de soluciones cuyo principal componente es el formaldehído, una sustancia clasificada sin ambages por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un carcinógeno del Grupo 1 para humanos. La práctica actual, permitida por el silencio de nuestra ley, consiste en verter este veneno directamente a la red pública. Es una falla sistémica de proporciones mayúsculas, pues nuestras Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) municipales, diseñadas para procesos biológicos, no están equipadas para neutralizar estos compuestos orgánicos sintéticos. La consecuencia es bioquímicamente inevitable: la descarga de estos potentes biocidas inhibe y colapsa el ecosistema microbiano del que dependen las PTARs. El resultado es que el Estado, a través de sus municipios, termina envenenando su propia infraestructura de saneamiento, una inversión pública multimillonaria, y se ve forzado a incumplir la normativa federal, descargando aguas residuales prácticamente crudas a nuestros cuerpos de agua.