Becas del Bienestar ofrecen menos beneficios que programas sociales antecesores: The Economist
Las becas del Bienestar ofrecen un apoyo pequeño a la población más pobre del país, en contraste con lo que en su momento ofrecieron programas como Prospera. Así lo indica un reportaje publicado por The Economist el pasado jueves 17 de julio.
De acuerdo con el texto, en 2019, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló el programa Prospera, antes Progresa, alegando el mal uso de fondos públicos.
En su lugar, se instauraron las llamadas becas del Bienestar, que se dividen en diversos rubros, incluyendo las becas para adultos mayores, las becas para estudiantes, el programa Sembrando vida, las becas para personas con discapacidad y el programa Jóvenes construyendo el futuro.
En términos de ingresos, estos nuevos programas han tenido un impacto positivo, ya que de acuerdo con el Coneval, la cantidad de mexicanos que vivían en la pobreza disminuyó del 42% hasta el 36%.
Sin embargo, en contraste con los condicionamientos que exigía el antecesor programa social —como la necesidad de que la familia se hiciera revisiones médicas frecuentes y mantenerse en la escuela—, hoy en día vemos un incremento en la deserción escolar, especialmente en jóvenes de entre 15 y 17 años.
Adicionalmente, indica el reportaje, la población mexicana comienza a envejecer paulatinamente, lo cual hará insostenible a largo plazo el esquema de financiar becas a los adultos mayores.
Dentro de este contexto, el incremento al salario mínimo sin un incremento a la productividad podría incentivar la informalidad, lo cual a su vez se ve reflejado en una menor recaudación fiscal.
La transición del esquema anterior al presente, según apunta el texto, se debe principalmente a la inyección de popularidad que aporta a los autores políticos de dichos programas, quienes observan una mayor incidencia de votos en los estados donde los diversos apoyos se presentan en una mayor concentración.
Con información de: LatinUs.
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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.
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