Buscan reconocer el trabajo sexual con seguridad social en Ley Federal del Trabajo

Con la finalidad de reconocer el trabajo sexual como lícito e independiente, y garantizar el acceso a la seguridad social de las y los trabajadores sexuales, el diputado Mario Zamora Gastélum (PRI), impulsa iniciativa que adiciona el capítulo XVIII denominado “Trabajo Sexual” en la Ley Federal del Trabajo.

 

Se consideraría el trabajo sexual a toda actividad ejercida por una persona mayor de edad de manera libre, consensuada, independiente y sin ningún vicio del consentimiento, por medio de la cual preste servicios sexuales, eróticos o de acompañamiento de manera física, por medios impresos, electrónicos o digitales a personas mayores de edad y a cambio reciban una remuneración económica o en especie.

 

Lo anterior, de conformidad con las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas de común acuerdo entre la persona prestadora del servicio y la persona contratante de manera verbal o escrita. 

 

En caso de que la prestación del servicio se realice en establecimientos mercantiles cuya actividad principal sea la venta y distribución de bebidas alcohólicas, así como cuando la temporalidad de la prestación de servicios sea mayor a tres meses, las condiciones deberán constar por escrito de conformidad en términos del artículo 25 y demás disposiciones aplicables.

 

Además, la prestación de servicios sexuales en términos de este capítulo se considerará lícita; en caso de que en la prestación de servicios existiera algún vicio del consentimiento o se atente contra la vida, libertad o dignidad de la persona prestadora, se aplicarán las sanciones que correspondan conforme a las normas penales vigentes.

 

También, propone que las personas prestadoras de servicios sexuales o bien, trabajadoras o trabajadores sexuales, deberán ser mayores de edad y prestarán dicho servicio de manera libre, independiente, voluntaria y sin ningún vicio del consentimiento, ya sea de forma eventual o regular, por la que recibirán de la persona contratante una remuneración en términos del artículo anterior.

 

Plantea reconocer a las y los trabajadores sexuales como no asalariados y sujetos de derechos, por lo que las autoridades deberán garantizar sus derechos humanos, laborales, sociales y económicos.

 

Las y los trabajadores sexuales tendrían derecho a seguridad social en términos del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, servicios de salud pública gratuitos, ejercer su trabajo en condiciones salubres, seguras y libres de violencia, acceder a los servicios de procuración e impartición de justicia, y a la conformación de organizaciones en términos del artículo 357 de esta Ley.

 

También, sugiere que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con la Autoridad Registral creen un registro voluntario de las y los trabajadores sexuales, el cual tendrá como fin crear políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, garantizar el acceso pleno a los servicios de salud, así como diseñar y ejecutar acciones en materia de salud sexual.

 

Asimismo, impulsar el ejercicio libre y seguro del trabajo sexual y la creación zonas seguras de trabajo, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como diseñar, promover y ejecutar en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y las fiscalías, protocolos y mecanismos de prevención y atención a las víctimas de violencia por el ejercicio del trabajo sexual.

 

En el régimen transitorio, propone que los requisitos para la incorporación voluntaria de las y los trabajadores sexuales no podrán ser discriminatorios; la información sobre controles de profilaxis venérea de las y los trabajadores sexuales no será obligatoria.

 

Zamora Gastélum precisa que la regulación del trabajo sexual representa un imperativo para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes lo ejercen voluntariamente, y establecer un marco normativo adecuado permitiría diferenciar el trabajo sexual de los delitos de trata de personas y explotación, otorgando a las trabajadoras y trabajadores herramientas legales para su protección y reconocimiento.

 

Incluso –añade-- una regulación efectiva contribuiría a la implementación de medidas de salud pública, asegurando el acceso a servicios médicos, revisiones periódicas y la promoción de prácticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. “La regulación y protección de esta actividad deben abordarse desde un enfoque basado en derechos humanos, igualdad y justicia social”.

 

Hace referencia que en el país se han realizado esfuerzos por regular el trabajo sexual, principalmente en la Ciudad de México. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, penaliza la explotación sexual y protege a las víctimas. Menciona que diputadas de Morena en 2022 y en 2023 impulsaron iniciativas sobre los servicios sexuales para evitar la estigmatización del trabajo sexual y garantizar su seguridad.

 

La iniciativa que adiciona el capítulo XVIII denominado “Trabajo Sexual” al Título Sexto “Trabajos Especiales”, así como los artículos 353-V, 353-X y 353-Y a la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo sexual, se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.

“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.

El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.


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Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.


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