
Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco prófugo, que es buscado por sus lazos con el crimen organizado, presentó un recurso de amparo indirecto contra una orden de aprehensión y finalmente obtuvo una suspensión provisional.
Bajo el expediente 249/2025 del Consejo de la Judicatura Federal se registra que el recurso fue presentado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
Posteriormente, tras dejar como garantía un pago de 16 mil pesos, le fue concedida la suspensión provisional.
La demanda de amparo, que de acuerdo con el registro fue promovida por el mismo Bermúdez, está dirigida contra “actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en esta ciudad y otras autoridades”.
El expediente todavía no registra ninguna sentencia.
El pasado 16 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Hernán Bermúdez dejó el país desde el 26 de enero de 2025, un mes antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con la información consultada, el amparo habría sido presentada por Bermúdez Requena el día 18 de abril de 2025, dos meses después de que la orden de aprehensión fuera girada.
La suspensión provisional fue concedida tres días después, el día 21 de abril.
Con información de Latinus

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

Grupos internos de Morena han comenzado a difundir un listado con 17 posibles aspirantes a gubernaturas para 2027 en distintas entidades del país.
El documento, que circula en redes sociales, estaría basado en mediciones de CE Research, firma encargada de evaluar el posicionamiento electoral de los perfiles.
Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

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