
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que ya inició una investigación luego de que dos aeronaves, una de Aeroméxico y otra de Delta Airlines, se vieron involucradas en un posible choque en pista dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Mediante un comunicado oficial, se recordó que el incidente ocurrió el lunes 21 de julio en la pista 05 derecha del aeropuerto capitalino.
“El avión Boeing 737-800 de Delta Airlines con destino a Atlanta detuvo la maniobra de despegue debido a que el Embraer propiedad de Aerolitoral procedente de Aguascalientes se encontraba preparando el aterrizaje”, señaló el documento.
De acuerdo con el comunicado, en cuanto se registró el evento, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, los cuales funcionaron conforme a lo previsto para evitar un accidente.
La Coordinación de Investigación Administrativa y de Seguridad Aérea de la AFAC fue la encargada de iniciar el procedimiento formal para determinar las causas del suceso y establecer si hubo responsabilidades operativas o de control.
Con información de: Proceso.

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

Grupos internos de Morena han comenzado a difundir un listado con 17 posibles aspirantes a gubernaturas para 2027 en distintas entidades del país.
El documento, que circula en redes sociales, estaría basado en mediciones de CE Research, firma encargada de evaluar el posicionamiento electoral de los perfiles.
Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

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Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.

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