Sheinbaum rechaza que Estados Unidos pidiera la entrega de algún político relacionado con la delincuencia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el Gobierno de los Estados Unidos le haya pedido la entrega de algún político presuntamente relacionado con el crimen organizado.
“En ninguna llamada que he tenido con el presidente (Donald) Trump, que han sido muchas, ni llamadas que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, ni la colaboración que haya con el Departamento de Justicia con la Fiscalía (General de la República), se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación política o con un político actual”, recalcó.
“Fíjense todo lo que dijeron de las listas de personas que tenían y luego la propia Embajada de Estados Unidos dijo que era una falacia, una mentira”, puntualizó.
La mandataria mexicana se lanzó contra opositores y periodistas por dar este tipo de informaciones en columnas o notas periodísticas.
“Increíble: cuáles sos fuentes, cuáles son sus.., de querer dar a conocer que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada, nada más que sus contactos y su información privilegiada pues no tiene ninguna información privilegiada, es absolutamente falso”, dijo esta mañana.
Sheinbaum Pardo dejó en claro que su Gobierno no acepta injerencismos y resaltó que con Estados Unidos existen convenios de extradición y colaboración.
El embajador de Estados Unidos en México, Roanld Jhohnson, desmintió a mediados de junio en redes sociales que se haya ofrecido al Gobierno de Claudia Sheinbaum reducir los aranceles a cambio de investigar a políticos mexicanos.
“Lo que sí es claro es el compromiso de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los cárteles, el fentanilo y las redes que amenazan ambas naciones”, apuntó el funcionario estadounidense en su cuenta de X.
Con información de López-Dóriga Digital
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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
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