Violencia de pandillas deja más de 1,500 muertos y 1.3 millones de desplazados en Haití

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés) ha cifrado en más de 1,500 los muertos y 600 los heridos por la violencia de las pandillas en Haití durante el segundo trimestre de 2025, mientras que el número de personas desplazadas internamente ha superado los 1.3 millones.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio, al menos 1,520 personas murieron por las operaciones de las fuerzas de seguridad (64 por ciento), la violencia de las pandillas (24 por ciento) y grupos de autodefensa (doce por ciento). El 87 por ciento de las víctimas fueron hombres; el once por ciento, mujeres; y el dos por ciento, niños, según un nuevo informe.

Además, durante el mismo periodo, 628 personas han sido víctimas de violencia sexual y 185 han sido secuestradas, la mayoría de ellas (63 por ciento) en el departamento de Artibonito (oeste), mientras que ya se han creado dos unidades judiciales especializadas contra los crímenes masivos y la violencia sexual, así como contra crímenes económicos.

A pesar de que se ha producido un refuerzo de las operaciones de seguridad en la capital, donde se ha reducido la violencia de las pandillas, los ataques de los grupos armados se han expandido a la región central y se ha intensificado en la zona sur de Artibonito. "La situación en la comuna de Kenscoff se ha mantenido muy volátil", ha advertido.

Por otra parte, la BINUH ha recomendado a las autoridades haitianas acelerar la creación de unidades judiciales especializadas, vetar a agentes de las fuerzas de seguridad involucrados en violaciones de Derechos Humanos y fortalecer la implementación de programas de rehabilitación de menores relacionados con las pandillas.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021 tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde el año pasado, se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.

 

 

Con información de: El economista.

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La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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