Tribunal federal mantiene orden que impide detenciones indiscriminadas de migrantes en el sur de California
AP.- Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes por la noche a favor de mantener la orden temporal de una corte inferior que impide que el gobierno del presidente Donald Trump realice detenciones y arrestos indiscriminados de migrantes en el sur de California.
Un panel de tres jueces del Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito celebró una audiencia el lunes por la tarde en la que el gobierno federal pidió al tribunal que revocara una orden de restricción temporal emitida el 12 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, alegando que obstaculizaba la aplicación de la ley de inmigración.
El mes pasado, grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda en la que acusaban al gobierno de Trump de perseguir sistemáticamente a personas de piel morena en el sur de California durante su campaña contra la migración ilegal.
La denuncia incluía a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses como demandantes.
En su orden, Frimpong señaló que había una “montaña de evidencia” de que las tácticas de aplicación de la ley migratoria federal violaban la Constitución. Además, argumentó que el gobierno no puede usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como un depósito de vehículos o un autolavado, o la ocupación de alguien como única base para una sospecha razonable que lleve a la detención de alguien.
El panel de la corte de apelaciones se mostró de acuerdo y cuestionó la necesidad del ejecutivo de oponerse a una orden que le impide violar la Constitución.
“Si, como sugieren los demandados, no están realizando detenciones que carecen de fundamentos razonables, difícilmente pueden afirmar que se ven perjudicados de forma irreparable por una orden judicial que busca prevenir un subconjunto de detenciones no respaldadas por sospechas razonables”, escribieron los magistrados.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estar en el país ilegalmente es lo que convierte a alguien en objetivo de los agentes de migración, no su color de piel, raza o etnia.
“Los jueces no elegidos socavan la voluntad del pueblo estadounidense”, dijo el sábado la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, en un comunicado enviado por correo electrónico.
“El presidente Trump y la secretaria Noem ponen a los estadounidenses en primer lugar al retirar a los extranjeros ilegales que representan una amenaza para nuestras comunidades”, agregó.
La audiencia para una orden judicial preliminar, que sería una orden judicial más sustancial a medida que avanza la demanda, está programada para septiembre.
Los Ángeles, un campo de batalla por la política de migración
La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla con la Casa Blanca debido a su agresiva estrategia migratoria, que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines durante varias semanas. Agentes federales han arrestado a inmigrantes en situación irregular en el país en establecimientos de Home Depot, autolavados, paradas de autobús y granjas. Muchos de los detenidos llevaban décadas viviendo en Estados Unidos.
Uno de los demandantes es Brian Gavidia, un residente de Los Ángeles que aparece en un video grabado por un amigo el 13 de junio durante su detención por parte de agentes federales mientras gritaba: “¡Nací aquí, en Estados Unidos, en el este de Los Ángeles, hermano!”.
Quieren “enviarnos de regreso a un mundo donde un ciudadano estadounidense... puede ser detenido, golpeado contra una cerca y que le quiten su teléfono e identificación solo porque trabajaba en un depósito vehículos en un vecindario latino”, dijo el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Mohammad Tajsar, al tribunal el lunes.
El gobierno federal alegó que no había tenido tiempo suficiente para recopilar y presentar pruebas, ya que la demanda se presentó poco antes del feriado del 4 de julio y la audiencia tuvo lugar la semana siguiente.
“Es muy grave afirmar que múltiples agencias del gobierno federal tienen una política de violar la Constitución”, apuntó el abogado Jacob Roth.
También argumentó que la orden del tribunal inferior era demasiado amplia y que los activistas promigración no presentaron suficientes pruebas para demostrar que el gobierno tenía una política oficial de detener a personas sin sospechas razonables.
Se refirió a los cuatro factores —raza, idioma, presencia en un lugar y ocupación— que se enumeraron en la orden de restricción temporal para apuntar que la corte no debería poder prohibir al gobierno que los usase. También alegó que la orden sobre lo que es exactamente permisible por ley no estaba clara.
“Legalmente, creo que es apropiado usar los factores de sospecha razonable”, manifestó Roth.
Los jueces cuestionaron enérgicamente al gobierno sobre sus argumentos.
“Nadie ha sugerido que no puedan considerar estos factores en absoluto”, dijo la jueza Jennifer Sung.
Sin embargo, esos factores, por sí solos, sólo constituyen un “perfil amplio” y no satisfacen el estándar de sospecha razonable para detener a alguien, añadió.
Sung, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden, dijo que en una zona como Los Ángeles, donde los latinos son hasta la mitad de la población, esos factores “no pueden descartar a quienes tienen estatus no documentado y aquellos que tienen estatus legal documentado”.
Con información de: LatinUs.
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Lilia Aguilar plantea que debate con Daniela Álvarez sea este viernes en el DEGA
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“Hago una invitación pública a la exlegisladora Daniela Álvarez, del PAN, para reunirnos al mediodía y debatir de frente. Creo firmemente que es momento de hablar con claridad y responsabilidad: ya basta de declaraciones que generan confusión y tergiversan la realidad. La gente merece honestidad y hechos, no versiones construidas desde la mentira. Daniela, lleva a tus asesores y todo lo que necesites. Estoy lista para un debate serio, directo y con respeto, donde cada quien sostenga sus palabras con argumentos”, dijo Lilia Aguilar.
Culpa Morales a Duarte por guerra del agua en Chihuahua
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Al mencionar que las sanciones que aplicará Conagua a los productores serían en su mayoría a personajes de poder político o adquisitivo, retomó el tema de Duarte en Chihuahua, en el que detectaron presas en una de sus propiedades, que denunciaron por acaparamiento de agua.
“El caso más emblemático tal vez es el del ex gobernador Duarte, que se mandó a construir una presa para retener 700 mil m3 de agua, perjudicando a las comunidades aguas abajo que no cuentan con el agua suficiente para llevar a cabo sus actividades agropecuarias, y esto también perjudicó en la presa de la Boquilla que causó un conflicto muy complejo en años anteriores”, dijo.
Hay que recordar que en el 2020 inició la “guerra contra el agua” en la comunidad de La Boquilla, esto por la intención de la federación de hacer la transacción de agua hacía Estados Unidos como parte del tratado que se tiene desde 1944, pero al estar en extrema sequía los Chihuahuenses defendieron el líquido vital provocando un enfrentamiento que le costó la vida a Jessica Silva.
Productores llaman a continuar en protesta contra legisladores de Morena
El Movimiento Agrícola Campesino MAC, convoca a los productores a continuar en protesta en el país, además de fichar a los legisladores y senadores de Morena.
A través de redes sociales aseguran que "Si alguna vez hubo un día que fuera el más importante para presentarnos, ese día es hoy".
Lo anterior en el marco de la votación general de la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de diputados y su turno al Senado.
"Tenemos que seguir en la protesta y en gran número. Necesitamos demostrarle a la Ciudad de México que este movimiento no se está apagando, sino que solo está creciendo y cada vez nos hacemos más fuertes.
Aún hay esperanza, pero si no nos presentamos y permanecemos unidos, esa esperanza empieza a morir".
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