“Sí somos parte de la ONU”: presidente de Comité contra la Desaparición Forzada responde a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), Juan Pablo Albán Alencastro, corrigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina lo desconoció como parte de la ONU e invalidó el contenido de su reciente resolución sobre México.

“El desacuerdo es legítimo pero la descalificación es cuestionable”, señaló Albán Alencastro en su cuenta de X, quien llamó a “preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes”.

El también abogado y académico de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), integró ligas directas a las páginas de la ONU para aclarar “con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México”, la mala información aportada por Sheinbaum en su intento por minimizar y desconocer la decisión del CED de remitir a la Asamblea General de la ONU su reporte sobre la crisis de desapariciones en México, que alcanza niveles de crímenes de lesa humanidad.

“Los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas. Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, explicó Albán Alencastro.

Sin mencionar a la presidenta mexicana, el experto señaló que ante el debate público por la decisión del CED, recordó que los integrantes del Comité son “elegidos por los propios Estados partes”, que actúan con independencia, “pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas”. 

Al referirse a la reciente aplicación del artículo 34 en el caso mexicano, Albán advirtió que dicha disposición es clara “en cuanto al procedimiento”, en el sentido de que “cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático”, tiene facultades expresas para elevar el caso “urgentemente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del secretario general”.

Citando el texto del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada, Albán corrigió la versión de la presidenta Sheinbaum sobre el destinatario del informe dado a conocer el jueves 2 de abril. 

“Nuestra decisión publicada el pasado jueves no es una remisión o informe dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sino al máximo órgano deliberante de la ONU”, apuntó. 

En el mensaje, el experto rechazó que su determinación se haya basado en información relacionada con hechos ocurridos antes de la llegada de la Cuarta Transformación al poder, como sostuvo esta mañana la presidenta al señalar que su análisis se basaba en casos ocurridos entre 2009 a 2017, y que el CED los “extrapoló” a la actualidad. 

“El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado. La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo”, dijo el experto.

Citó como ejemplo de su dicho que en el informe se hace referencia a las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contempla más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, “y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.

A esa cifra se suman los “72 mil restos humanos sin identificar (en comparación con 52 mil en el momento de la visita del Comité en 2021)”.

“La descalificación es cuestionable” 

El experto reconoció la legitimidad del desacuerdo de México en la decisión de elevar la crisis de desaparecidos al máximo órgano de la ONU, pero consideró que “la descalificación es cuestionable”. 

Abundó que “las diferencias jurídicas -e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse- son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el CED y los Estados parte”. 

Recordó que ante todo, “es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes”, como lo marcan las Directrices de Addis Abeba “sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos”. 

En su mensaje Albán Alencastro citó el principio 5 del lineamiento internacional: “El principio de independencia requiere que los miembros (…) no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni presiones del Estado del que sean nacional ni de ningún otro estado o de sus organismos”. 

Ante el debate generado por la resolución del CED, el experto de Naciones Unidas recordó cuál es la finalidad de esas decisiones tomadas de manera independiente. 

“Los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias”, concluyó el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro.

Con información de: Proceso.