Impulsan iniciativa para la regulación integral del vapeo en México

Con el fin de regular vapeadores, cigarros electrónicos y demás dispositivos análogos, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) presentó una iniciativa, suscrita por integrantes de su grupo parlamentario, que reforma las leyes generales de Salud y para el Control del Tabaco. 

En su argumentación, explica que la Constitución Política ordena sancionar toda actividad relacionada con vapeadores, pero no impide la regulación diferenciada; por ello, el Congreso tiene la responsabilidad de generar una legislación que armonice con la Carta Magna, pero que permita el uso terapéutico. “La prohibición constitucional es un obstáculo, pero no una sentencia”.

La propuesta de reforma establece que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación en materia de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

El documento, turnado a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad, menciona que de conformidad con el artículo 4º constitucional, para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad ilícita relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

Por lo anterior, corresponderá a la Secretaría de Salud, por conducto de la Cofepris, determinar los productos que estarán prohibidos y los que deberán ser sujetos de un control sanitario, y los que estarán permitidos para su producción, distribución, enajenación y consumo.

La Cofepris emitirá los lineamientos para el registro sanitario de productos, establecerá límites máximos permisibles de nicotina, contaminantes y otras sustancias nocivas para la salud, exigirá evaluaciones constantes de los toxicológicos, químicos y físicos de los productos, aplicará criterios diferenciados según el perfil de riesgo comparado con el tabaco combustible. 

Además, prohibirá imágenes, nombres o cualquier otro distintivo que induzcan al consumo en menores y fiscalizará la venta en línea y el cumplimiento de las normas en materia de etiquetado.

La iniciativa modifica la Ley General para el Control del Tabaco para quedar como “La Ley General para el Control del Tabaco, Cigarrillos Electrónicos, Vapeadores y Demás Sistemas o Dispositivos Análogos”, la cual establecerá toda la regulación correspondiente a los productos lícitos en este sector, incluyendo su producción, comercialización, empaquetado y las actividades prohibidas. 

La Secretaría de Salud deberá implementar campañas informativas sobre los riesgos de este tipo de productos y establecer programas para atender las adicciones.

Esta ley protegerá los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, “y otras emisiones de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.

Para efectos de esta ley, se entiende por cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos a todo elemento electrónico que permita el calentamiento o vaporización de productos no combustibles.

Se entenderá a los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) como los dispositivos que mediante calentamiento del líquido liberan un vapor o aerosol que contiene nicotina, en cualquier cantidad, incluso mezclado con otras sustancias.

En tanto, define que los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN) son dispositivos que mediante calentamiento de unidades desmontables con tabaco (laminado, granulado, picado y otras presentaciones) generan un vapor o aerosol que contiene nicotina.

Subraya que una regulación integral del vapeo en México debe priorizar la reducción de daños, basándose en evidencia científica y experiencias internacionales exitosas, como las de Reino Unido y Nueva Zelanda.

En este contexto, la presente iniciativa propone establecer una regulación muy estricta, diferenciada, basada en evidencia científica, principios de salud pública, protección a la población vulnerable y criterios de proporcionalidad legal, para contribuir a la reducción efectiva de daños derivados del consumo de nicotina y sus derivados.

“El objetivo no es evadir el problema con una prohibición, sino mejorar la regulación para restablecer el liderazgo técnico del Estado mexicano en materia de regulación sanitaria”, puntualiza la propuesta.