Piden que empresas de telefonía o plataformas digitales suspendan cobros a usuarios afectados por delitos cibernéticos

La diputada Claudia Sánchez Juárez (PVEM) propone adicionar un segundo párrafo al artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que el proveedor esté obligado a suspender el cobro a los consumidores que tengan contratado un servicio de telefonía móvil o plataforma digital, al detectarse el hackeo del teléfono celular por actividades de la ciberdelincuencia. 

La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, tiene como objetivo proteger a los usuarios de telefonía celular y plataformas digitales. Establece que, mientras no se normalice el uso habitual del dispositivo móvil, la empresa no cobrará al usuario o propietario el servicio contratado y suspendido por causas no imputables al consumidor. 

El documento señala que, si bien dicho artículo reconoce el derecho de los consumidores a ser compensados o bonificados cuando la prestación de un servicio es deficiente o por razones ajenas al consumidor, es necesario incorporar el supuesto en que la suspensión se deba al hackeo del teléfono celular, a fin de que no exista lugar a dudas de que el cobro por el servicio deberá también suspenderse a la par de éste.

Expone que México es uno de los países más afectados por delitos cibernéticos en América Latina, los cuales incluyen fraudes electrónicos, robos de identidad, phishing, ciberacoso, extorsión digital, clonación de tarjetas, ataques a sistemas gubernamentales y hackeos masivos de bases de datos personales, con pérdidas económicas superiores a ocho mil millones de dólares anuales.
 

La diputada Sánchez Juárez menciona que los ciberdelincuentes utilizan redes de telefonía móvil para cometer fraude, extorsión y distribución de contenido ilícito, sin que exista un mecanismo eficaz de monitoreo y respuesta inmediata por parte de las empresas de telecomunicaciones.

El usuario de telefonía móvil, al percatarse que su celular ha sido hackeado, acude al Ministerio Público a realizar la denuncia correspondiente; sin embargo, mientras son realizadas las investigaciones, el usuario no puede hacer uso del servicio de telefonía celular,y la empresa de telefonía móvil continúa cobrando el servicio.

Concluye señalando la necesidad de reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que las compañías telefónicas y plataformas digitales estén obligadas a suspender el cobro del servicio cuando se detecte el hackeo del teléfono celular derivado de actividades relacionadas con la ciberdelincuencia.
 


 

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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp

La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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