
El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió este lunes a la Corte Suprema recuperar su libertad mientras apela la histórica sentencia a 12 años de prisión domiciliaria que dictaron en su contra por soborno y fraude procesal.
Uribe, máxima figura de la derecha colombiana, fue condenado la semana pasada en un tribunal de primera instancia por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.
Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 km de Medellín. La jueza dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga.
Pero sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron el lunes a la corte suprema "el restablecimiento inmediato de la libertad" del expresidente.
Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad tras ser hallado culpable por obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.
Uribe denuncia que el juicio está politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder. Su partido, Centro Democrático, convocó a marchas en todo el país el 7 de agosto para defender al político, muy popular en Colombia por su lucha y política de mano de hierro contra la guerrilla.
Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar por escrito los argumentos de su apelación. Luego el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, de segunda instancia, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
Esta condena abre la puerta a otras investigaciones contra Uribe que lo vinculan con los paramilitares y sus graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto armado.
Con información de: El economista.

La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
