Ruanda alcanza acuerdo para recibir a migrantes deportados de Estados Unidos
Estados Unidos y Ruanda acordaron que el país africano acepte a cientos de migrantes deportados, informó a Reuters el portavoz del Gobierno ruandés y un funcionario, en un momento en que el Gobierno del presidente Donald Trump adopta un enfoque de línea dura hacia la inmigración.
El acuerdo, según el cual Ruanda aceptaría hasta 250 migrantes, fue firmado por funcionarios estadounidenses y ruandeses en Kigali en junio, dijo el funcionario de la nación africana, hablando bajo condición de anonimato, y agregó que Washington ya había enviado una lista inicial de 10 personas para ser investigadas.
"Ruanda ha acordado con Estados Unidos aceptar hasta 250 migrantes", dijo la portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo. "Según el acuerdo, Ruanda puede aprobar el reasentamiento de cada persona propuesta. A los aprobados se les dará formación laboral, asistencia sanitaria y ayuda para el alojamiento para que puedan iniciar sus vidas en Ruanda".
La Casa Blanca y el Departamento de Estado no hicieron comentarios inmediatos. El Departamento de Seguridad Nacional remitió las preguntas al Departamento de Estado.
Trump tiene como objetivo deportar a millones de inmigrantes en Estados Unidos ilegalmente y su administración ha tratado de aumentar las expulsiones a terceros países, incluido el envío de criminales convictos a Sudán del Sur y Eswatini, antes conocida como Suazilandia.
En los últimos años, Ruanda se ha posicionado como país de destino de los inmigrantes que los países occidentales desearían expulsar, a pesar de la preocupación de los grupos de defensa de los derechos de que Kigali no respeta algunos de los derechos humanos más fundamentales.
En mayo, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que Ruanda estaba en las primeras etapas de las conversaciones para recibir inmigrantes deportados de Estados Unidos.
La administración Trump argumenta que las deportaciones de terceros países ayudan a expulsar rápidamente a algunos inmigrantes, incluidos aquellos con condenas penales.
Los partidarios de la línea dura de la inmigración ven las expulsiones a terceros países como una forma de tratar a los delincuentes que no pueden ser deportados fácilmente y que podrían suponer una amenaza para el público.
Los opositores han criticado las deportaciones como peligrosas y crueles, ya que las personas podrían ser enviadas a países donde podrían enfrentar violencia, no tienen vínculos y no hablan el idioma.
Washington ha presionado a los países para que acojan a migrantes. Deportó en marzo a más de 200 venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a El Salvador, donde fueron encarcelados hasta que fueron liberados en un intercambio de prisioneros el mes pasado.
En junio, la Corte Suprema permitió al Gobierno deportar a migrantes a terceros países sin darles la oportunidad de demostrar que podrían resultar perjudicados. Pero la legalidad de las expulsiones está siendo impugnada en una demanda federal en Boston, un caso que potencialmente podría volver al alto tribunal de tendencia conservadora.
Ruanda firmó un acuerdo con Gran Bretaña en 2022 para acoger a miles de solicitantes de asilo, acuerdo que fue anulado el año pasado por el entonces recién elegido primer ministro Keir Starmer. No se envió a nadie a Ruanda en virtud del plan debido a años de impugnaciones legales.
Con información de: Proceso.
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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