FGR logra sentencia de 20 años contra asesino de sacerdote indígena en Chiapas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, informó este miércoles que logró una condena de 20 años de cárcel contra del autor material del asesinato de un sacerdote indígena en el estado de Chiapas, sureste del país, ocurrido el 20 de octubre de 2024.

La sentencia fue en contra de Edgar ‘M’, identificado por medios locales como Edgar Rolando Mares Banda, “por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja”, en contra del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas”, en la referida fecha.

La resolución fue emitida por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la FEMDH presentara pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad del acusado como autor material del crimen.

Según la investigación, el homicida esperó al sacerdote a las afueras de la capilla del Barrio de Cuxtitali, al oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, después de que el religioso concluyera la misa y se dirigiera a su vehículo. Luego, al arrancar su coche, fue atacado a balazos, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

El delito, calificado como homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, elevó la gravedad del caso y debido a ello, la FGR destacó que el crimen fue planeado y ejecutado con pleno conocimiento y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima.

Durante el juicio, la FGR enfatizó la relevancia del caso por tratarse de un defensor de derechos humanos y líder comunitario ampliamente reconocido por su labor social en comunidades indígenas y marginadas de Chiapas.

Las autoridades señalaron que la sentencia representa un paso importante en la lucha contra la impunidad en casos de violencia contra actores sociales y religiosos que desempeñan un papel clave en la defensa de derechos humanos en México.

También indicaron que las investigaciones continúan abiertas, pues buscan determinar si existen más personas involucradas en la autoría intelectual o material del crimen y ejecutar los mandamientos de captura aún pendientes en la causa penal.

La FGR reiteró su compromiso con la justicia y la protección de personas defensoras de derechos humanos, asegurando que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer completamente el caso del padre Marcelo Pérez Pérez.

El sacerdote indígena de la etnia tzotzil, conocido como padre Marcelo, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la violencia generada por los carteles del narcotráfico en la frontera sur de México.

Tomado de López-Dóriga Digital

Con información de EFE.

 

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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