Presentan cargos por tráfico de fentanilo y armas contra tres de los 26 narcos extraditados a EU
EFE.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que los mexicanos Kevin Gil Acosta, conocido como "el 200", Martín Zazueta Pérez, alias Piyi, y Leobardo García Corrales, alias Leo, a quienes identifica como líderes en el Cártel de Sinaloa, fueron acusados de tráfico de fentanilo y delitos relacionados con armas.
De acuerdo con un comunicado, el trío llegó el martes procedente de México —como parte de los 26 narcotraficantes entregados por México a Estados Unidos— y fueron llevados ante un juez en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York para la lectura de los cargos.
Según la acusación, Gil Acosta y Zazueta Pérez eran líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo, cofundador del Cartel de Sinaloa, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
Indica además que Gil Acosta se desempeñó como líder de un grupo de sicarios encargados de proteger los laboratorios de fentanilo y las rutas de distribución de Los Chapitos, y traficaba personalmente con esta droga fabricada en esos laboratorios.
Zazueta Pérez fue responsable de brindar seguridad en el estado de Sinaloa, incluso protegiendo las operaciones de fentanilo de Los Chapitos mediante secuestros, torturas y asesinatos con ametralladoras y otras armas, asegura el Gobierno de Estados Unidos.
Afirma además en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur que Gil Acosta y Zazueta Pérez participaron en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos, incluso durante los esfuerzos fallidos de las autoridades mexicanas en octubre de 2019 para arrestar a uno de Los Chapitos.
En concreto, durante esa operación, Gil Acosta lideró a sicarios armados con fusiles AK-47, M-16 y AR-15 y Zazueta Pérez, con un AR-15 y un lanzagranadas, en los ataques contra estos.
Las autoridades se refieren a un sangriento tiroteo que se desató en octubre en Culiacán (Sinaloa) en un intento por evitar la detención de Ovidio Guzmán López, quien luego fue liberado por el gobierno mexicano alegando razones de seguridad. En 2023 fue arrestado finalmente y extraditado a Estados Unidos.
El pasado julio Guzmán López se declaró culpable en un tribunal de Chicago y cooperará con las autoridades de Estados Unidos como parte del acuerdo. La condena que debe cumplir aún no se conoce. Su hermano Joaquín, también detenido en Chicago, está intentando llegar también a un acuerdo con Washington.
Sus hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, siguen prófugos en México.
Mientras que García Corrales era un proveedor de fentanilo que trabajó con el cartel y produjo la droga en toneladas. Además, supervisó la importación a Estados Unidos y conspiró con otros para organizar su veta a cambio de armas de uso militar, para promover y proteger sus actividades de narcotráfico.
Acosta, de 35 años; Zazueta Pérez, de 29, y García Corrales, de 55, fueron acusados en concreto de un cargo de conspiración para importar fentanilo, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y cadena perpetua.
Un segundo cargo cada uno de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, con una sentencia de entre 30 años y perpetua y otro de conspirar para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, que conlleva la máxima condena. Como parte del acuerdo de extradición con México, no se impone la pena de muerte.
Con información de Latinus
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De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.
Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.
“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
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“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.
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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
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Después de 6 años de la masacre LeBarón en la comunidad de La Mora, el líder mormón Julián LeBarón, quien además ha mostrado su interés por contender en Chihuahua por un puesto político, volvió a tomar el tema en medios nacionales.
LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
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Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
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