‘Narcopolíticos’: esta es la lista de funcionarios con vínculos con el crimen, según periodistas
Periodistas y activistas lanzaron una nueva plataforma para documentar y exponer a políticos que, con base en investigaciones periodísticas y documentos oficiales, han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El sitio narcopoliticos.com es un esfuerzo colaborativo entre Luis Chaparro, director del medio Pie de Nota; Óscar Balderas Méndez, periodista especializado en crimen organizado y seguridad; y Miguel Alfonso Meza, abogado y activista fundador de la organización Defensorxs.
“Vivimos una situación de extrema tolerancia a la corrupción y a la narcopolítica, que ya es, quizá, una de las peores caras de la política. Exponer y crear una memoria colectiva es clave para que no se nos olvide quiénes han arrastrado vínculos con el crimen organizado”, señaló Miguel Alfonso Meza durante la presentación.
De acuerdo con los impulsores, el proyecto busca dejar un registro histórico y un contrapeso frente a la protección que, afirman, reciben algunos de estos personajes por parte de gobiernos y partidos políticos.
11 narcopolíticos señalados por información periodística
En su lanzamiento, Narcopolíticos presentó un primer listado con 11 perfiles de políticos de distintos partidos y niveles de gobierno, en activo o con trayectoria previa, señalados por presunta colaboración con diversos cárteles.
Según explicaron sus creadores, todos cumplen con criterios documentales que incluyen investigaciones judiciales, reportes de inteligencia o trabajos periodísticos verificables.
“Lo que tienen en común es que hay un trabajo profundo de investigación que respalda su inclusión en este catálogo negro. No importa el partido, la región o el cargo: lo relevante es que la información sea sólida”, afirmó Óscar Balderas.
Los primeros perfiles incluyen a:
- Hernán Bermúdez Requena (Morena) – Exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar “La Barredora”, facción del CJNG.
Foto: SSPC Tabasco
- Silvano Aureoles (PRD) – Exgobernador de Michoacán, prófugo por peculado y presuntos pactos con cárteles locales.
Foto: Cuartoscuro
- Tomás Yarrington (PRI) – Exgobernador de Tamaulipas, preso por colusión con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
Foto: Cuartoscuro
- Genaro García Luna (asociado con el PAN) – Exsecretario de Seguridad Pública federal, condenado en EUA por ayudar al Cártel de Sinaloa.
Foto: Cuartoscuro
- Anavel Ávila (MC) – Alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, investigada por nexos con el CJNG.
Foto: Anavel Ávila Castrejón (FB)
- Edgar Veytia (PRI) – Exfiscal de Nayarit, sentenciado a 20 años en EUA por colaborar con cárteles.
Foto: Édgar Veytia
- Julio César Godoy Toscano (PRD) – Expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, prófugo por vínculos con La Familia Michoacana.
Foto: Cuartoscuro
- Mario Marín Torres (PRI) – Exgobernador de Puebla, acusado de colusión con los Beltrán Leyva y de tortura contra Lydia Cacho.
Foto: Cuartoscuro
- Tania Contreras (asociada a Morena) – Presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, señalada por presunta relación con el Cártel del Golfo.
Foto: Facebook
- Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) – Gobernador de San Luis Potosí, vinculado a Los Zetas y luego al CJNG.
Foto: Cuartoscuro
- Rubén Rocha Moya (Morena) – Gobernador de Sinaloa, acusado en EUA de recibir apoyo del Cártel de Sinaloa.
Foto: Especial
Una memoria contra la impunidad
Los creadores enfatizan que el objetivo de la plataforma no es solo exponer casos recientes, sino también recopilar perfiles históricos para que no caigan en el olvido.
“Los políticos en México son reciclables. Se les acusa, se les señala y después vuelven a cargos de poder. Este esfuerzo busca dejar un documento histórico para que no se nos olvide de qué fueron acusados y cómo se relacionaron con el crimen”, destacó Luis Chaparro.
El proyecto contempla publicar más de 30 perfiles en los próximos meses, todos con base en criterios claros: pruebas documentales, testimonios verificados y vinculación directa con actividades de cárteles.
Criterios y derecho de réplica
De acuerdo con la metodología publicada en el portal, para que una persona sea incluida en Narcopolíticos debe existir información rigurosa que la vincule con el crimen organizado, como carpetas de investigación, reportes de inteligencia o investigaciones periodísticas verificadas.
Asimismo, el proyecto ofrece un canal para que los señalados ejerzan su derecho de réplica, el cual será publicado en su perfil correspondiente.
“Si los gobiernos los van a proteger, nosotros los vamos a señalar con evidencia y documentación. Es un contrapeso necesario para un país democrático”, advirtió Meza.
Con información de: Político.mx
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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