
El colectivo Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua (AFECH) emitió una postura respecto al feminicidio de Danna Angelina Muñoz Rayón, en la cual responsabilizó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y a la Fiscalía General del Estado por omisión.
De acuerdo con la información difundida por AFECH en redes sociales, desde el pasado sábado la familia de la joven acudió a las instalaciones de la FGE para denunciar su desaparición.
El colectivo señaló que, tras la omisión de las autoridades para ingresar a un domicilio ubicado en la calle Bolonia #1385, en la colonia Romanza, se retrasó la búsqueda de la víctima.
Elementos de la FGE acudieron al lugar, sin embargo, permanecieron a la espera de una orden de cateo para ingresar, situación que generó molestia entre familiares y amigos de la joven que se encontraban en el sitio.
A continuación, el pronunciamiento íntegro de AFECH por el caso de Danna Angelina Muñoz:
Fiscalía de Chihuahua y Gobernadora Maru Campos: responsables por omisión en el caso de Danna
El pasado sábado en la madrugada, la familia de Danna Angelina Muñoz Rayón interpuso denuncia por su desaparición. Desde ese momento, la Fiscalía Especializada tenía la obligación de actuar con la máxima diligencia para resguardar su vida e integridad.
Pese a ello, la titular de Comunicación Social, Yoselin Guzmán, declaró que el domicilio señalado estaba “abandonado” y que no ingresaron hasta contar con una orden de cateo.
Esto es falso y constituye una grave omisión:
El domicilio no estaba abandonado. Durante todo el fin de semana se observó gente entrar y salir de la vivienda.
Hoy mismo, lunes 18 por la mañana, vecinas y vecinos vieron a una chica salir en pijama del lugar.
El artículo 16 de la Constitución Mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establecen que sí se puede ingresar sin orden judicial cuando existe flagrancia, riesgo inminente a la vida o integridad de una persona, o cuando se está cometiendo un delito en ese momento.
Si había una denuncia de desaparición, violencia o posible delito en curso, la autoridad tenía facultades para entrar de inmediato.
Negarse a hacerlo puede considerarse omisión en el deber de protección, incluso negligencia institucional.
La Fiscalía y el Gobierno del Estado eligieron no actuar, retrasando la búsqueda de Danna y desprotegiendo sus derechos más básicos. Esa negligencia no puede quedar impune.
Exigimos que se investigue a las y los funcionarios responsables, que se reconozca públicamente esta omisión y que se garantice justicia para Danna.
La vida de Danna no debió ser arrebatada.
¡Basta de indolencia y negligencia!
#JusticiaParaDanna #NiUnaMenos