De visas canceladas a intervención militar: cómo escala la ofensiva de Trump contra México
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha impulsado una estrategia más dura contra el narcotráfico que no solo apunta a los cárteles mexicanos, sino también a políticos y empresarios ligados al círculo de la llamada Cuarta Transformación.
En mayo de este año, en una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, el republicano llegó a proponer que tropas estadounidenses ingresaran a México para combatir a los cárteles, algo que la mandataria rechazó tajantemente.
“Le dije no, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende, se puede colaborar pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro”, afirmó Sheinbaum durante un evento en Texcoco.
Lo que comenzó con la cancelación de visas a funcionarios y gobernadores mexicanos, pronto escaló a sanciones financieras, operativos militares en el Caribe y amenazas de aranceles.
Hoy, el dilema para el gobierno mexicano es claro: ¿defender la narrativa de soberanía o aceptar una cooperación más amplia que, en la práctica, puede convertirse en injerencia?
De las visas a la lista negra de políticos
Uno de los frentes más visibles de la presión estadounidense ha sido la revocación de visas.
Desde abril, figuras como Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, su esposo Carlos Torres, y varios alcaldes morenistas —como Alberto Granados, de Matamoros, o Juan Francisco Gim, de Nogales— fueron señalados públicamente tras perder el documento migratorio.
El 8 de agosto, el semanario Zeta reveló que incluso la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, y su esposo también quedaron bajo esta medida.
Aunque los involucrados han minimizado los hechos como “trámites administrativos”, medios como Reuters y El Universal han vinculado las cancelaciones con investigaciones sobre presuntos nexos con el narcotráfico.
El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró en una de sus columnas publicadas en El Financiero que incluso los hijos de Andrés Manuel López Obrador, así como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y el senador Adán Augusto López, estarían en “la lista negra de Washington”.
El golpe financiero: Vector y Alfonso Romo
Otro episodio que sacudió a la política mexicana ocurrió cuando el Departamento del Tesoro de EUA sancionó a Vector Casa de Bolsa por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
La investigación de FinCEN documentó transferencias millonarias entre 2013 y 2023, incluyendo pagos a empresas chinas para adquirir precursores químicos de fentanilo.
El señalamiento tomó un cariz político porque Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, es uno de los principales accionistas de Vector.
Mientras tanto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde 2024 de estos movimientos, lo que levantó dudas sobre omisiones deliberadas.
Trump militariza la lucha antidrogas
Más allá de sanciones, Trump ha optado por un giro militar en su estrategia.
The New York Times informó que el presidente firmó en secreto una orden que autoriza al Pentágono a emprender operaciones militares contra cárteles en América Latina.
El 14 de agosto, Reuters detalló que aviones espía, un buque de guerra y un submarino fueron desplegados en el Caribe como parte de esta nueva ofensiva.
Aunque la presidenta Sheinbaum negó que esto implique una invasión, advirtió que “México no permitirá tropas extranjeras en su territorio”.
En paralelo, el Departamento de Estado emitió el 13 de agosto una alerta de viaje que catalogó a casi todo México como zona de riesgo por “violencia terrorista” atribuida a los cárteles, reforzando el discurso de que estas organizaciones son una amenaza para la seguridad nacional de EUA.
La narrativa de soberanía de Sheinbaum
En este escenario, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que la relación con Washington debe basarse en cooperación y no en subordinación.
“El único que manda en México es el pueblo”, respondió el 15 de agosto, luego de que Trump afirmara que México “hace lo que le decimos” en materia migratoria.
Sin embargo, la mandataria enfrenta críticas por los casos en los que fue Estados Unidos, y no México, quien actuó contra personajes vinculados al narco.
El ejemplo más claro es el de Julio César Chávez Jr., detenido en California en julio pese a tener una orden de aprehensión vigente en México desde 2023.
La presión seguirá en aumento
La ofensiva de Trump contra México está lejos de concluir.
En Estados Unidos, la estrategia apunta a ampliar el uso de testimonios de capos como Ovidio Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, cuyas declaraciones podrían alcanzar a políticos mexicanos.
A ello se suman investigaciones financieras que han salpicado a exfuncionarios de alto nivel, como Alfonso Romo con el caso de Vector.
En el terreno político, voces cercanas al trumpismo incluso han planteado escenarios más extremos.
El 16 de julio, el activista Eduardo Verástegui sugirió en redes sociales que Morena podría ser considerado como organización criminal en Washington.
Aunque no existe un proceso formal ni una postura oficial del gobierno estadounidense, la declaración encendió especulaciones sobre el rumbo de la presión contra el partido en el poder.
Más allá de los rumores, lo que sí está claro es que la relación bilateral entra en una fase inédita: Estados Unidos busca obligar a México a modificar su estrategia de seguridad con sanciones, extradiciones y despliegues militares.
Para Claudia Sheinbaum, cada decisión será un equilibrio delicado entre sostener el discurso de soberanía y mantener la cooperación con su principal socio comercial y de seguridad.
Con información de: Político.mx
Tips al momento
Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
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