
Una juez federal ordenó a las autoridades evitar la incomunicación del boxeador Julio César Chávez Jr., quien se encuentra recluido en una prisión de Hermosillo, luego de ser entregado a México.
La jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Sonora, concedió una suspensión de plano para que la “incomunicación cese de inmediato”.
De acuerdo con documentos judiciales, el boxeador tramitó el miércoles 20 de agosto un juicio de amparo, en el cual reclamó “privación ilegal de la libertad e incomunicación”.
El pasado martes las autoridades estadounidenses entregaron a México a Chávez Jr. luego de ser arrestado en julio por elementos del Servicio de Migración y Control de Aduanas, al ser acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La aprehensión se realizó en Los Ángeles, California, días después de la pelea de Chávez Jr. con el youtuber Jake Paul.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional detalló que desde diciembre del 2024 se remitió una denuncia ante el Servicio de Migración y Control de Aduanas al considerar al boxeador mexicano como una “amenaza para la seguridad pública”; sin embargo, no fue una prioridad para las autoridades en este momento.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Chávez Jr. contaba con una orden de aprehensión en México desde el 2023, señalado de presuntos vínculos con los cárteles de la droga.
Entre diciembre del 2021 y junio del 2022, la FGR ordenó la intervención de teléfonos de los presuntos integrantes de una célula criminal dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.
Las intervenciones telefónicas revelaron que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa que eran colgados como costales de box como castigo por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2024.
Con información de: LatinUs.

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.

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Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.

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Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
