Corte de EU concede plazo de 90 días a García Luna para presentar su apelación en Nueva York
El ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, obtuvo una prórroga de 90 días para presentar una apelación ante la corte de Nueva York, según documentos judiciales.
De acuerdo con el escrito, García Luna tendrá hasta el 18 de diciembre del 2025 para poder apelar su sentencia de 38 años de prisión tras ser declarado culpable por tráfico de drogas y mentir para obtener la ciudadanía estadounidense.
Además, será levantada la incomunicación que el exfuncionario de Felipe Calderón tenía desde que fue sentenciado.
"El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito de apertura y que ordene la Oficina de Prisiones que proporcione a su abogado acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas en persona", dice el documento.
La defensa de García Luna había solicitado el pasado 20 de agosto aplazar por tres mesas días la presentación de la apelación luego de haber denunciado maltratos mientras estuvo preso en la prisión de Penitenciaría Federal Lee (USP Lee, en inglés), de acuerdo con un documento de su equipo.
Entre las quejas, aseguró que no ha podido tener acceso a los materiales legales de su juicio, como las transcripciones, para poder conformar su argumento.
El pasado 16 de octubre de 2024, García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión más cinco de libertad condicional y una multa de dos millones de dólares.
Genaro García Luna se desempeñó como Secretario de Seguridad de 2006 a 2012 durante la administración del expresidente panista Felipe Calderón.
Cuando se dictó la sentencia, Calderón dijo que "no tenía evidencia verificable sobre su presunta participación en actos ilícitos" durante su administración.
Fiscales estadounidenses aseguraron el 19 de septiembre del año pasado que García Luna habría aceptado millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa mientras se encontraba activo en su cargo.
Con información de Latinus.
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Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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