Caso Atento: Gobierno de México en desacuerdo con la decisión del panel laboral del T-MEC
Luego de que el panel laboral, activado en el marco del T-MEC, resolvió a favor de Estados Unidos la queja por denegación de derechos en un call center de Atento, el Gobierno de México externó su desacuerdo con la resolución y expuso que las medidas de reparación se apegaron a la legislación local y los compromisos internacionales asumidos por el país.
En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y la de Economía (SE) consideraron que el panel no analizó todos los argumentos presentados por el Gobierno de México, incluyendo una objeción jurisdiccional.
“Introdujo argumentos no planteados por las partes; y no abordó de manera integral ciertos elementos fundamentales, como la asignación de la carga de la prueba conforme a las Reglas de Procedimiento, la interpretación del Tratado conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la valoración de los resultados de la revisión interna realizada por la STPS, la pertinencia de las medidas de reparación realizadas, entre otros”, señalaron las dependencias.
Entre abril del 2024 y enero del 2025, la STPS coordinó seis mesas de diálogo entre Atento y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), quien presentó la queja ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
“Lamentablemente, las mesas de diálogo se vieron interrumpidas por la instauración del Panel. No obstante, a partir del fallo del Panel, las mesas se reanudaron, el 13 de agosto pasado, en la que las partes se comprometieron a mantener el diálogo”, informaron la STPS y la SE.
Sin embargo, las Secretaría reiteraron el compromiso gubernamental por “el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras mexicanas” y también con los compromisos internacionales asumidos, “preservando su soberanía para atender y resolver sus asuntos internos”.
¿Qué pasó con Atento?
En noviembre del 2023, el STRM presentó una queja ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). El sindicato acusaba de violaciones a derechos colectivos de trabajadores en un centro en Pachuca, Hidalgo, entre esos incumplimientos se encontraban acciones de interferencia patronal en vida sindical y despidos de empleados que intentaron asociarse.
El gobierno mexicano aceptó la queja en el marco del MLRR e inició una investigación. Entre las medidas que tomó la empresa se encontraban una carta compromiso de neutralidad en asuntos sindicales, lineamientos de conducta, capacitación para todo el personal y facilidad para que la STPS brindara formación al equipo directivo y de Recursos Humanos en derechos colectivos y no discriminación.
Pero el gobierno estadounidense consideró que no fueron suficientes estas acciones y solicitó la instalación de un panel laboral.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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