Gasolineros denuncian ‘cobro de cuotas’ de funcionarios de ASEA
Empresarios del sector gasolinero en distintos estados del país denunciaron que funcionarios de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estarían realizando el cobro de cuotas a gasolineras.
De acuerdo con los testimonios de gasolineros, durante reuniones con funcionarios de la Agencia estos les habrían solicitado una aportación mensual de 35 mil pesos por estación, a fin de evitar clausuras y sanciones administrativas.
De acuerdo con la información, los encuentros se han realizado en las propias oficinas de la dependencia y en presencia de funcionarios de alto nivel.
Derivado de ello, los empresarios del sector pidieron que las autoridades federales investiguen estas denuncias y garanticen transparencia ante este caso de posible cobro de “moches”.
Gasolineros alertan a gobierno federal
Los empresarios del sector gasolinero señalaron que el dinero solicitado podría formar parte de un esquema informal de recaudación fuera de toda normatividad, por lo que expresaron su preocupación por esta práctica.
Y es que afirmaron que aquellos que no aceptan entregar estas cuotas se encuentran en desventaja al enfrentarse a posibles clausuras u otras sanciones.
Además, alertaron que la entrega de estos “moches” también significa encarecer la operación de las estaciones a lo largo y ancho del país.
“Nos piden cuotas mensuales que no tienen sustento legal. Si no pagamos, amenazan con clausuras inmediatas”, reveló un empresario que solicitó el anonimato.
Por estos hechos, organizaciones empresariales del sector energético pidieron a las autoridades federales investigar las denuncias y garantizar la transparencia. Hasta el momento, ASEA no ha emitido ninguna postura oficial sobre estos señalamientos.
¿Sheinbaum minimiza denuncias?
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las denuncias de gasolineros ante estas prácticas, sin embargo afirmó que no los conoce y que no se han reunido con ninguna autoridad.
“No es ningún grupo que se haya reunido con la autoridad, a pesar de que hay reuniones con los principales gasolineros del país para disminuir trámites de las gasolineras... (son) unos gasolineros que muy pocos conocen”, reveló Sheinbaum en su mañanera del pasado lunes 18 de agosto.
Con información de: Político.mx
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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