Matanza de migrantes en San Fernando: 15 años de impunidad y hay 9 víctimas sin identificar

SAN FERNANDO, Tamps (Proceso).– Han pasado 15 años desde que el hallazgo de 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando estremeció al mundo y convirtió a este municipio en un símbolo de la violencia que enfrentan quienes cruzan México rumbo a Estados Unidos.

El 22 de agosto de 2010 la Marina localizó los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil. Todos fueron ejecutados tras negarse a trabajar para el grupo criminal Los Zetas, que dominaba la zona en aquel tiempo. Sólo un joven ecuatoriano sobrevivió a la matanza y pudo dar aviso a las autoridades.

La masacre colocó a Tamaulipas en el mapa internacional de los abusos contra migrantes y evidenció la vulnerabilidad de quienes transitan por el país. En los meses siguientes nuevas tragedias se sumarían: entre 2011 y 2012 se localizaron fosas clandestinas con más de 190 cuerpos en la misma región.

Quince años después, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, insisten en que el caso sigue sin resolverse. Muchos de los responsables materiales no han sido procesados y las familias de las víctimas aún exigen verdad, justicia y reparación.

“Migrar es un derecho, no un delito”

La exvisitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Reynosa, Olivia Lemus, quien participó en las investigaciones del caso, afirma que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica con las víctimas, tanto directas como indirectas, y con toda la población en contexto de migración.

El caso –expone– forma parte de la memoria histórica del país, no se olvida. Tenemos una deuda pendiente con las víctimas y con todas las personas migrantes. Hoy seguimos viendo el fenómeno migratorio como un delito, cuando migrar es un derecho humano.

Lemus dice que, pese al tiempo transcurrido, las circunstancias no han cambiado sustancialmente. “En aquel tiempo y hoy seguimos observando las mismas violaciones estructurales a los derechos humanos. Las personas migrantes sólo buscan cumplir un sueño y mejorar sus niveles de vida, pero siguen siendo criminalizadas y convertidas en blanco fácil del crimen organizado”.

La defensora recuerda que el caso de San Fernando permanece abierto y que aún existen líneas de investigación pendientes, sobre todo en relación con las víctimas indirectas, quienes continúan en espera de verdad, justicia y reparación.

Respecto de la política migratoria, lamenta que no se hayan registrado avances: “No ha habido grandes cambios. La política de Estados Unidos es cada vez más dura y en México no existe un presupuesto etiquetado para atender a las personas en contexto de migración. Las desapariciones siguen ocurriendo y los albergues no están preparados para responder a la realidad que enfrentan miles de familias”.

En cambio, destaca la relevancia del trabajo de las organizaciones civiles que brindan apoyo a migrantes y reitera que el fenómeno no se detendrá. “Migrar no es un delito, es un derecho humano. Ojalá que pronto se pueda ver desde otra óptica y se generen políticas públicas reales de protección, porque una cosa es decirlo y otra hacerlo”.

Finalmente, Lemus expone que la herida sigue abierta. “Desde la procuración de justicia y desde una visión humanitaria podemos decir que hay mucho por hacer. La desaparición de personas es más frecuente de lo que quisiéramos y debemos ser más humanistas. No podemos permitir que desde la esfera de privilegio se nuble la empatía hacia los migrantes”.

Sentenciados

La justicia mexicana ha dictado condenas ejemplares contra integrantes de Los Zetas, responsables de uno de los episodios más violentos en la historia reciente del país.

En enero de 2025 un tribunal federal sentenció a tres miembros del grupo criminal, Martín Omar Estrada Luna, alias “el Kilo”; Román Ricardo Palomo Rincones, “el Coyote”, y Juvenal Burciaga Venegas, “el Alacrán”, a penas que van de 73 a 82 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado y corrupción de menores, relacionados con el asesinato de los 72 migrantes ocurrido en agosto de 2010.

Meses antes, en agosto de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo otra sentencia histórica: 11 integrantes de Los Zetas recibieron 50 años de cárcel cada uno por homicidio calificado, tras comprobarse su participación en el asesinato de al menos 122 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas del mismo municipio.

Entre los condenados en este proceso figuran líderes operativos del cártel como “el Kilo” y “la Ardilla” (Salvador Alfonso Martínez Escobedo), quienes ya habían sido capturados en operativos de las fuerzas federales entre 2011 y 2012.

Con estas resoluciones judiciales suman al menos 14 miembros de Los Zetas que enfrentan condenas firmes por su participación en los hechos, aunque colectivos de víctimas insisten en que aún falta esclarecer la totalidad de responsabilidades y ubicar a más implicados.

Persiste la indiferencia oficial: Raymundo Ramos

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, denuncia que las autoridades siguen mostrando indiferencia ante una de las peores tragedias humanitarias ocurridas en el país.

“Es una fecha triste para las familias de las víctimas que encontraron en Tamaulipas la desaparición forzada, la muerte en el río Bravo y, en algunos casos, la cárcel. 

“Es una fecha que debería servir de referencia obligada para el Estado mexicano, no sólo para el gobierno de Tamaulipas, sino también para el federal porque evidencia un vacío en el Estado de derecho y la magnitud de una tragedia que no debe repetirse”, expresa.

Ramos cuestiona que, pese al peso histórico y humano del hecho, este día no se recuerda de manera solemne ni conmemorativa. 

No le dan la importancia que merece el sacrificio de 72 víctimas; esa indiferencia es una ofensa hacia las familias.

El activista agregó que tampoco se han registrado cambios positivos en materia de derechos humanos. “Siguen desapareciendo personas, se ha militarizado la política migratoria y la Guardia Nacional se utiliza como muro de contención para frenar a familias migrantes, incluso a aquellas con permiso de tránsito”, dice.

Ramos apunta que los gobiernos de distintos partidos han mantenido una “visión omisa e insensible” frente al fenómeno migratorio: primero el PRI, cuando ocurrió la tragedia; luego el PAN en su administración estatal y, actualmente, Morena.

Recuerda que al menos nueve cuerpos de las víctimas permanecen sin identificar, lo que consideró una muestra de la falta de sensibilidad y de voluntad institucional. 

“Con tanto avance tecnológico y tantos recursos en materia de investigación no es posible que después de 15 años todavía haya familias que no saben dónde están sus seres queridos. Es una deuda que el Estado tiene con ellos”, concluyó

Con información de Proceso.