Los pendientes que deberá resolver la nueva Suprema Corte de Justicia
El próximo 1 de septiembre entrará en funciones la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros fueron elegidos en la inédita elección judicial del pasado 1 de junio y de inmediato deberán resolver los pendientes que dejaron integrantes salientes.
De acuerdo con información del máximo tribunal, se encuentran pendientes más de mil 300 asuntos, los cuales serán definidos por los nuevos integrantes de la Corte: Hugo Aguilar Ortíz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf, Giovanni Figueroa, Irving Espinoza Betanzo, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero.
Entre el mar de pendientes, destacan tres asuntos de importante relevancia, los cuales te contamos a continuación.
Prisión preventiva oficiosa
El pasado 12 de agosto, el actual pleno de la SCJN aplazó la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, dejando en manos de los nuevos ministros la resolución de este controversial tema.
Esta medida cautelar ha sido criticada internacionalmente, ya que se considera que viola los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, la cual ha desatado un intenso debate en el ámbito político.
Foto: Cuartoscuro
En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en contra de la prisión preventiva oficiosa argumentando que vulnera las garantías del debido proceso y el derecho a la libertad personal.
Dicha sentencia fue derivada del caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron arrestados en 2002 en el Estado de México, acusados del homicidio de una regidora.
Ante esta sentencia del tribunal internacional, el ministro Jorge Pardo Rebolledo planteó que México debía acatar la resolución de la CIDH sobre la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa, la cual permite la privación de libertad de manera automática para ciertos delitos graves.
Foto: Cuartoscuro
En ese mismo sentido, también se postergó el debate del proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, el cual propone la inconstitucionalidad de la reforma que amplió el catálogo de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa.
Juicio de Lourdes Mendoza contra Emilio Lozoya Austin
Otro caso emblemático que tendrá que resolver la nueva SCJN es el juicio entre la periodista Lourdes Mendoza y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El pleito se originó en 2020, cuando Emilio Lozoya, como parte de su testimonio ante la FGR por el caso Odebrecht, aseguró que, por órdenes de Luis Videgaray, había comprado una bolsa de la marca Chanel con un valor de entre 4 mil y 5 mil dólares para entregársela a la periodista a cambio de una cobertura mediática favorable.
Foto: Cuartoscuro
Mendoza desmintió públicamente las acusaciones y calificó la declaración de Lozoya como una difamación y violencia de género. En respuesta, interpuso una demanda por daño moral.
A lo largo de cinco años del proceso legal, la periodista ha ganando en diversas instancias.
Un juez civil determinó en 2022 que Lozoya incurrió en una conducta ilícita al causar un daño moral a la reputación de Mendoza. Posteriormente, esta sentencia fue ratificada en segunda instancia y en un tribunal colegiado.
El caso llegó a la Suprema Corte, donde Lozoya interpuso un recurso de revisión para revertir los fallos en su contra.
Sin embargo, el pasado 6 de agosto, la SCJN dio otro revés a Lozoya Austin al desechar su recurso de amparo con el que pretendía que la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez fueran excluidos de la votación de un amparo promovió contra la sentencia en su contra.
Foto: CUARTOSCURO.CO
Aunque la discusión para a la sentencia definitiva había sido aplazada para el pasado 13 de agosto, está ya no se discutió, por lo que será la nueva Corte la que resuelva el caso.
Banco de ADN para casos forenses
Otro de los asuntos de relevancia que dejó pendiente el Alto Tribunal es la constitucionalidad del Banco de ADN para Uso Forense de la CDMX.
Esta base de datos genéticos fue creada para facilitar la identificación de agresores sexuales y cuenta con un registro de perfiles genéticos de delitos y servidores públicos.
La discusión deberá determinar si la ley que obliga a personas imputadas o procesadas a proporcionar su perfil genético viola sus derechos fundamentales.
Foto: Gobierno de la Ciudad de México
El caso llegó a la SCJN a través del amparo en revisión 39/2022, promovido por organizaciones civiles como Reinserta y la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Estas agrupaciones argumentan que la base de datos, creada para delitos de género, es inconstitucional.
A su vez, las asociaciones civiles sostienen que obligar a una persona a entregar su ADN antes de que sea sentenciada atenta contra el principio de presunción de inocencia.
Se cuestiona si la medida es proporcional, ya que se exige un dato tan personal sin que se haya probado la culpabilidad.
El proyecto de sentencia, a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, se centra en la presunción de inocencia, así como la intimidad y protección de datos.
Es por ello que la resolución que determine la nueva SCJN será de suma importancia, ya que establecerá los límites en el uso de la genética forense en el país.
Con información de Político.mx
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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