Procesan a Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con el crimen organizado y le dan libertad inmediata
Este sábado un juez federal vinculó a proceso al boxeador Julio César Chávez Jr. por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada; sin embargo, estará en libertad, confirmó su representante legal.
Luego de ser entregado a México, el pasado miércoles, le dictaron la medida cautelar de prisión preventiva y lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora.
"El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso", dijo la defensa legal del boxeador al salir de la audiencia.
En una entrevista con medios, el representante legal aseguró que en esta audiencia se dio un periodo de tres meses para la investigación complementaria y al permitirle llevar su proceso en libertad, la autoridad judicial le impuso unas medidas "muy estrictas".
"Es delincuencia organizada (el delito) en la modalidad de participar sin funciones de administración ni de liderazgo para la introducción de clandestina de armas a México. La pena máxima que él pudiera potencialmente alcanzar (...) oscila de un mínimo de cuatro a máximo ocho años", dijo.
En julio, el boxeador fue aprendido por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California, por no contar con los documentos para estar en el país.
Las autoridades explicaron que contaba con una orden de detención en México por estar presuntamente implicado con los cárteles de la droga.
“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, detallaron las autoridades estadounidenses.
Desde el 14 de enero del 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con la orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr., girada por un juez federal en Hermosillo, Sonora, la cual no fue ejecutada.
Entre diciembre del 2021 y junio del 2022, la FGR ordenó la intervención de teléfonos de los presuntos integrantes de una célula criminal dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.
Las intervenciones telefónicas revelaron que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa que eran colgados como costales de box como castigo por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2024.
Con información de: LatinUs.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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