Con Pío López Obrador, el INE señaló posible financiamiento paralelo a Morena, pero argumenta que no logró comprobarlo

La Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) no tuvo duda de la autenticidad de los videos que evidenciaron a Pío López Obrador recibir sobres amarillos con dinero de parte de David León, e incluso, de que el caso encuadraba en un financiamiento paralelo prohibido a las campañas de Morena. Sin embargo, sus nulas facultades para investigar a fondo, dejó al instituto sin pruebas para sancionar el hecho.

En el expediente de este caso, el INE integró los videos difundidos por Latinus en agosto del 2020 donde se observaron las entregas que David León hizo en sobres con dinero; también la declaración del 21 de agosto del 2020 del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador donde reconoció que fueron aportaciones a su movimiento.

Incluso, se incluyó una entrevista que Pío López Obrador dio al medio Expansión Política el 19 de julio del 2022, donde reconoció que el dinero recibido de León Romero (entonces cercano al quien era gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello) fue para “apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, como gasolinas”.

Inclusive, la Unidad le requirió a Pío López Obrador mayor información sobre éste dicho, pero se negó a responder a la petición.

El órgano electoral revisó las declaraciones fiscales de Pío Lorenzo López Obrador desde el 2020, pero éstas aparecieron en ceros, es decir, declaró que no obtuvo ingresos que manifestar. También le encontró cinco cuentas bancarias, aunque sólo una de ellas activa y sin movimientos en 2015.

Aún más, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que en 2020 encabezaba Santiago Nieto le dijo al INE que Pío Lorenzo no tenía investigaciones relativas a las operaciones financieras respecto de los hechos denunciados.

En su investigación, la Unidad de Fiscalización encontró que el hermano del expresidente estaba afiliado a Morena en Chiapas desde el 13 de octubre del 2013, es decir, dos años antes de ocurridas las entregas de los sobres amarillos.

“De la información remitida, se obtuvo que Pío Lorenzo López Obrador y Marcelo Toledo Cruz fungieron, respectivamente, como Consejeros del partido Morena en el estado de Chiapas”, señaló el documento.

Sin embargo, en su defensa, Pío Lorenzo dijo que no fue registrado como representante de Finanzas, militante, simpatizante o aportante por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena o estatal de Chiapas durante los periodos de precampaña, campaña y ordinario entre 2015 a diciembre de 2018.

Encuadre en financiamiento paralelo prohibido

Frente a todos estos hechos, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no tuvo duda de que se trataba de un caso de financiamiento paralelo a Morena, aunque la falta de pruebas orillaron al instituto a exonerar a Pío Lorenzo y a Morena.

“Esta autoridad considera que se podría tratar de un sistema paralelo de financiamiento”, mencionó.

“De los resultados obtenidos en el proceso de investigación del presente procedimiento, se concluye que de los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre la verdad conocida (supuestas aportaciones en efectivo recibidas por Pío Lorenzo López Obrador de David Eduardo León Romero para beneficio del partido Morena en el periodo de 2015 a 2018) y la verdad buscada (financiamiento paralelo), por tal motivo, esta autoridad determina que al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, resolvió.

El INE recordó que la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

Mencionó que según el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 del Tribunal Electoral, si un partido político o coalición ejecuta o simplemente aprovecha un conjunto de actividades sistemáticas, con conexión especial y temporal realizadas por sí o por interpósita persona, para evadir la acción fiscalizadora, implicará un sistema de financiamiento paralelo.

Mencionó que según el Tribunal Electoral, los partidos puede ocurrir que los políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad sino, indirectamente, a través de las personas físicas.

“La utilización o aprovechamiento de un esquema de financiamiento paralelo constituye una infracción sancionable, pues mediante la suma y coordinación de conductas ilícitas, estrechamente ligadas en tiempo, organización y finalidad, se permite la inyección de recursos de origen no identificado o bien incluso de recursos de proveniencia ilícita, a favor de determinados partidos políticos, escapando a la esfera de fiscalización por parte de la autoridad administrativa encargada de ello, o que, aun cuando fueran identificados y lícitos”, especificó.

 

Con información de: LatinUs.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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