El TEPJF rechaza anular elección del Tribunal de Disciplina Judicial por uso de “acordeones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una suerte de partido de vuelta en el debate sobre las irregularidades detectadas durante la elección judicial del pasado 1 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) volvió a escindirse en torno al uso de “acordeones”, ahora en la elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos ganadores fueron promovidos en las ya célebres “guías de votación” distribuidas antes de los comicios. 

Al igual que la semana pasada, el bloque de magistrados del oficialismo, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, negó que existieran evidencias sobre una estrategia “generalizada” de influir sobre el resultado de las elecciones a través de los acordeones, mientras que los dos magistrados disidentes votaron en contra, estimando que hay elementos suficientes para determinar que hubo una intervención ilegal de terceros en el proceso electoral, un motivo suficiente para anular la elección. 

Con la mayoría de votos –de tres contra dos--, el bloque de Mónica Soto aprobó un proyecto que validó los resultados de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial. “No hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan influido en la votación”, dijo Soto. 

En el proyecto que estuvo a debate, Felipe De La Mata Pizaña –integrante del grupo de Soto-- invalidó cientos de evidencias aportadas para apoyar el juicio de inconformidad, bajo el argumento de que “no prueban que ese tipo de documentos fueron difundidos durante el procedimiento electoral ni mucho menos usados el día de la jornada comicial”. También rechazó la prueba de que hubo publicidad pagada en redes sociales, y descartó las evidencias sobre otras irregularidades observadas el día de las elecciones, incluyendo notas de prensa. 

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón criticó con vehemencia el proyecto, al que acusó de realizar una “valorización segmentada” de las pruebas hacia “afirmaciones dogmáticas” sobre la “posible vulneración a la equidad en la contienda”, y se mofó de las inconsistencias en los argumentos de su colega, como el planteamiento según el cual no es viable atribuir los acordeones a terceros, pero sí es viable asumir que los hizo la ciudadanía. 

“Esa aseveración nos obliga a preguntarnos qué elementos nos podrían llevar a concluir que los cientos de miles de acordeones idénticos y profesionalmente impresos fueron elaborados cada uno de ellos por personas ciudadanas en lo individual”, abundó Rodríguez, quien señaló que De La Maya simplemente omitió analizar 62 páginas de la demanda. 

“Considero alarmante el estándar probatorio que se exige para tener como probada una irregularidad sucedida en el marco de una elección. Lo que este proyecto le exige a las partes es la producción de evidencia, que en la doctrina se conoce como pruebas imposibles o diabólicas”, deploró Rodríguez. 

“La nulidad exige un estándar reforzado y una carga probatoria estricta para quien afirma”, dijo Felipe Fuentes Barrera en defensa del proyecto de De La Maya. Momentos más tarde, reconoció que la parte quejosa aportó fotografías y capturas de pantalla de acordeones digitales, pero sostuvo que estas evidencias “sólo prueban la existencia de estas representaciones gráficas”. “No es posible declarar la nulidad, a partir de especulaciones”, insistió. 

El escenario de hoy hizo eco a la sesión de la Sala Superior de la semana pasada, en la cual los papeles estuvieron invertidos. Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, los magistrados del bloque disidente, defendieron proyectos que concluían que hubo una vasta estrategia de distribución y financiamiento ilegal de acordeones, lo que conllevaba a anular la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

En aquella ocasión, los integrantes del bloque mayoritario hicieron pedazos los proyectos de los magistrados disidentes, en una sesión tensa que duró más de seis horas y terminó con el voto del bloque de Soto para desechar los proyectos de Rodríguez y Otálora, y validar así la elección de la SCJN. 

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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