Repiten corrupción de Segalmex en Alimentación para el Bienestar

Ciudad de México, 27/08/25 (Más).- El esquema de corrupción detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se replicó en el nuevo organismo Alimentación para el Bienestar, creado en el actual gobierno federal.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que un conjunto de empresas con características irregulares, incluyendo uso de prestanombres, domicilios falsos y simulación de competencia, obtuvo contratos por más de 1,984 millones de pesos entre 2022 y 2025, en procedimientos realizados por Diconsa, entidad encargada de abastecer de víveres a comunidades marginadas.

Uno de los casos centrales de esta red es el de Vanessa Flores, una mujer de 49 años residente de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

Flores descubrió que su identidad fue robada para constituir una de las empresas involucradas, Konkistolo S.A. de C.V., que recibió más de 256 millones de pesos en contratos gubernamentales. La mujer, quien ha trabajado en call centers durante años y actualmente enfrenta problemas de movilidad, quedó atónita al ver su nombre en documentos oficiales como representante legal y accionista principal de la empresa.

El acta constitutiva de Konkistolo fue firmada el 18 de enero de 2023 ante la notaría 3 de Jiutepec, Morelos. En los registros mercantiles, Flores aparece como socia, administradora única y apoderada legal, aunque ella afirma no haber firmado ningún documento. Al ser confrontada por MCCI con pruebas documentales, respondió: “¿Tú crees que no me voy a acordar de haber constituido la empresa?”.

La dirección fiscal que Konkistolo registró ante Diconsa corresponde al despacho jurídico KPMA Integral Logistic SC, ubicado en Durango 2, interior 202, en la colonia Roma Norte. Sin embargo, en ese sitio opera un sindicato del Poder Judicial, y ningún trabajador reconoció a la empresa.

Este tipo de inconsistencias se repite con otras compañías de la red.

FamilyDuck, por ejemplo, reportó como domicilio una bodega en Azcapotzalco donde opera una empresa llamada Sheng Long; Todologos.com proporcionó una dirección que corresponde a torres habitacionales de Be Grand, y Pelmu declaró como sede una imprenta sin relación alguna con distribución de alimentos.

La red empresarial incluye cinco firmas: FamilyDuck, Abastémade, Konkistolo, Grupo Pelmu y Todólogos.com. En conjunto, concentraron contratos con Diconsa por adjudicación directa. El esquema se mantuvo vigente incluso con el cambio de administración federal, y bajo el nuevo organismo Alimentación para el Bienestar continuaron las asignaciones millonarias. En 2023, el año con mayor volumen, las empresas recibieron 912 millones de pesos; para 2024, el monto fue de 752 millones, y en 2025, 183 millones.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estas compañías participaron de manera simultánea en al menos 16 procedimientos de contratación, presentando cotizaciones entre sí, a pesar de estar vinculadas.

La ASF también identificó transferencias entre las cuentas de las empresas. Por ejemplo, Grupo Pelmu recibió más de 49 millones de pesos desde la cuenta de Todólogos.com, y esta última transfirió 55 millones a la misma empresa desde una cuenta en Inbursa. La autoridad concluyó que estos movimientos confirman la simulación de competencia y el vínculo entre los participantes.

En los registros mercantiles aparecen coincidencias adicionales. Vanessa Flores no solo figura en Konkistolo, también en Abastémade, donde comparte participación con un socio que aparece como apoderado en la primera empresa. La comisaria de FamilyDuck, Viviana Zagal Ramírez, también tiene el mismo cargo en Konkistolo. Asimismo, Enrique Magaña del Valle, registrado como propietario de la marca FamilyDuck, proporcionó la misma dirección fiscal que Konkistolo y figura como titular de Todologos.com. Su hermano, Yibrán Magaña del Valle, funge como administrador único de Grupo Pelmu.

MCCI también documentó los contratos otorgados a estas compañías para la venta de productos diversos, desde enseres de cocina y artículos de papelería, hasta víveres, dulces, productos farmacéuticos, equipo de cocina y artículos de limpieza.

Los documentos revisados evidencian que Diconsa otorgó contratos millonarios a empresas que en muchos casos no tienen presencia en sus supuestas direcciones, y cuyos representantes han sido difíciles de localizar o niegan cualquier relación con las compañías.

La investigación señala que Todologos.com fue legalmente constituida apenas en febrero de 2022, y FamilyDuck, Abastémade y Konkistolo fueron registradas en enero de 2023. Grupo Pelmu, aunque tiene mayor antigüedad, comenzó a obtener contratos con Diconsa tras la llegada de Yibrán Magaña como administrador en 2022.

En el caso de Vanessa Flores, el impacto personal ha sido directo. Ella asegura no haber recibido dinero de los contratos y continúa viviendo en un pequeño departamento con sus padres, sin posibilidad de acceder a tratamientos médicos para su pierna. “Yo ya estaría en Estados Unidos haciéndome una cirugía para reconstruir la pierna”, declaró al conocer el uso indebido de su nombre.

 

Con información de: Massinformación.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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