Bloque afín a la 4T en el TEPJF consuma al aval a la elección judicial, con todo y acordeones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 11 meses y medio de gran intensidad, durante los cuales el bloque de magistrados electorales encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso se constituyó en dique para impedir las impugnaciones contra la elección judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó ayer la resolución de los asuntos relacionados con este ejercicio inédito y controversial.

Con ello, el TEPJF terminó de validar los resultados de la elección y la lista de candidatos que empezarán a asumir sus funciones en el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) el próximo 1º de septiembre.

“Se nos demandó, como ha sido siempre, estar a la altura de lo que México requería”, dijo Soto en un discurso que dio al final de la sesión de este jueves 28 de agosto. La presidenta, identificada por su postura afín al oficialismo –su padre fue asesor de la ministra Yasmin Esquivel Mossa, cargo por el cual cobró un sueldo de 108 mil pesos– recalcó que el TEPJF resolvió cinco mil 561 asuntos de la elección judicial, incluyendo 975 relativos a los resultados.

“Este tribunal los escuchó, analizó de manera jurídica los planteamientos y resolvió acercando el derecho a las personas actoras en los juicios”, abundó.

A lo largo del proceso electoral, Soto y los dos “Felipes” –Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera– conformaron un grupo mayoritario que votó en bloque en prácticamente todos los juicios de inconformidad, y defendieron juntos posturas controversiales, como la que consiste en negar que los “acordeones” tuvieron efectos en los resultados de la elección.

Durante una sesión maratónica, la presidenta y los dos magistrados afines rechazaron la existencia de una estrategia sistemática y generalizada en torno al reparto de acordeones, y descalificaron todas las evidencias, tanto materiales como estadística, que acreditaban la existencia de una operación electoral ilegal.

De hecho, el 30 de mayo de 2025, en vísperas de las elecciones, Soto y los “Felipe” habían autorizado el uso de “acordeones” en las casillas, insistiendo en que el Instituto Nacional Electoral (INE) solo había exhortado a los partidos políticos y a los servidores públicos a no elaborar ni difundir estas “guías de votación”, un llamado que quedó letra muerta el día de la jornada electoral.

En su sesión del pasado 26 de agosto, los mismos tres magistrados impidieron que se diera vista al INE para investigar presuntas irregularidades de la jornada electoral, incluyendo por el uso de “acordeones”.

Bloque oficialista

En octubre de 2024, a escasas semanas de aprobarse la reforma judicial –gracias al voto repentino del panista veracruzano Miguel Ángel Yunes con Morena, cambio de impunidad por casos penales contra la familia–, el bloque mayoritario impidió los intentos de integrantes del PJF de frenar la elección judicial con una lluvia de amparos.

El grupo de Soto decretó que sería “constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales”, por lo que ordenó al INE continuar con la organización de los comicios, ignorando las decisiones judiciales.

Esta decisión produjo un conflicto abierto de varios meses entre el TEPJF y el resto del Poder Judicial, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidenta, Norma Piña Hernández, que se agudizó cuando el TEPJF ordenó al Comité de Evaluación del PJF a hacer caso omiso a suspensiones judiciales y retomar el proceso de selección de candidaturas.

Ante la negativa del Comité de Evaluación, cuyos integrantes prefirieron renunciar antes que ignorar las suspensiones, el grupo de Soto determinó que la Mesa Directiva del Senado seleccionaría los candidatos del Poder Judicial, lo que dio pie a la muy controvertida sesión en la que el senador Gerardo Fernández Noroña encabezó una tómbola para definir las candidaturas.

Días después de la tómbola, el bloque de Soto bloqueó cerca de 450 impugnaciones de aspirantes que habían quedado fuera por errores, alegando una “inviabilidad de efectos” y la existencia de “actos irreparables”; sin embargo, tuvo que reconocer que ocurrieron pifias en cuatro casos, por lo que ordenó su reintegración en las listas.

Soto y los “Felipes” también unieron sus votos para desechar un proyecto de resolución que ordenaba al INE investigar las publicaciones de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf –las tres alineadas con Morena– para determinar si había incurrido en actos anticipados de campaña. A días de la elección, los mismos magistrados batearon 10 recursos de revisión que buscaban obligar el INE a investigar presuntas irregularidades perpetradas por candidatos, incluyendo Batres.

En abril pasado, ante la falta de entusiasmo popular por las elecciones judiciales, el grupo de Soto tumbó un acuerdo del INE y dio luz verde para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los demás servidores públicos promocionen los comicios. La decisión fue tomada a petición de la propia presidenta, de cinco gobernadores de Morena, del propio partido, así como Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, quienes habían impugnado una resolución del Consejo General del INE que les prohibía promocionar el proceso electoral.

El 15 de mayo, a dos semanas de la jornada electoral, los tres magistrados dieron la vuelta a la prohibición de realizar actos de proselitismo –expresa en la reforma electoral–, y autorizaron a los candidatos a realizar “mesas de diálogo” y “encuentros”; dos semanas más tarde, Soto tomó la palabra para denunciar los llamados de sectores de oposición a boicotear las elecciones.

Ya pasados los comicios, Soto y los “Felipes” desecharon cientos de impugnaciones que denunciaron las irregularidades observadas el 1º de junio, sobre todo por la distribución masiva de “acordeones” que promovieron los candidatos que resultaron electos, en una coincidencia que fue señalada por la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El pasado 9 de julio, los tres magistrados validaron una decisión del INE de no abrir una investigación contra Morena y funcionarios públicos por la elaboración y distribución de “acordeones”, como se lo pedía la organización Proyecto y Justicia Común; Soto aseveró que la queja carecía de pruebas que mostraran las consecuencias que los acordeones tuvieron en los resultados.

Dos semanas más tarde, ahora por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF bateó un intento del Partido Acción Nacional (PAN) de impugnar los resultados de la elección, tras recordar que los partidos políticos no podían participar en la elección judicial.

Adecuaciones

Los tres magistrados también validaron una serie de adecuaciones que el INE debió tomar para organizar las elecciones con un presupuesto recortado a la mitad, aun cuando estas decisiones implicaban retrocesos. Así, en enero de 2025, el grupo de Soto validó una decisión del INE a no organizar la votación para los mexicanos que residan en el exterior, debido a los “plazos sumamente reducidos” para organizar la elección, con lo que desconoció un derecho constitucional que la diáspora tiene para votar.

Un mes más tarde validó el diseño de las seis boletas, aun reconociendo que no era “el más didáctico posible”, y el 26 de febrero de 2025, el bloque de Soto dio luz verde al INE para reagrupar los centros de votación en “casillas seccionales” con una urna única y de realizar el conteo de votos en sede distritales y no en las casillas, como era el caso en las elecciones tradicionales.

Durante estos meses, el grupo de Soto tomó otra decisión muy polémica y en beneficio de una figura de Morena, aunque no relacionada con la reforma electoral: en junio pasado, Soto y Felipe Fuentes tumbaron un acuerdo de resolución y validaron una sanción contra Karla María Estrella Murrieta, una usuaria de X que había denunciado al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna de haber operado para que el oficialismo diera una candidatura a diputada federal a su esposa, Diana Karina Barreras Samaniego.

En una resolución surreal, Soto y Fuentes estimaron que la usuaria de X había ejercido violencia política en razón de género contra Barreras, lo que la obligó a pedir una disculpa pública a la diputada federal. El caso salió mal a Barreras y a Gutiérrez Luna, pues las disculpas se volvieron una muestra de abuso de poder.

Con información de Proceso.