Aprueban en Chiapas la “Ley Ingrid”; buscan garantizar respeto hacia víctimas de violencia de género
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles la “Ley Ingrid”, reformas al Código Penal para castigar la distribución de imágenes de una víctima con hasta seis años de prisión, tanto a funcionarios públicos como ciudadanos y medios de comunicación que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, videos, audios, documentos o evidencia de una investigación penal de casos de violencia de género, feminicidios y otros.
Con la aprobación, el estado de Chiapas se convirtió en la quinta entidad en legislar sobre la protección de la dignidad y privacidad. “La reforma busca evitar la revictimización, protegiendo la intimidad, memoria y dignidad de las víctimas y sus familiares”, declaró el presidente de la mesa directiva, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.
Al saludar la aprobación de la “Ley Ingrid”, la dirigente de la colectiva feminista 50 más 1, Alma Rosa Cariño, declaró que las reformas al código penal del estado, representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las víctimas al criminalizar la difusión no autorizada de su imagen o información sensible.
La mayoría de los legisladores aprobaron la adición del artículo 424 Bis del Código penal en materia de delitos cometidos en procuración e impartición de justicia. “La reforma busca garantizar la dignidad y el respeto hacia las víctimas de violencia, para evitar que servidores públicos compartan información que revictimicen”, indicó el legislador.
La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, señaló en tribuna que la reforma no busca coartar la libertad de expresión, sino establecer consecuencias para funcionarios que vulneren la dignidad humana. Las sanciones contemplan de dos a seis años de prisión.
“El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana”, afirmó al explicar que esta medida tiene como fin evitar la revictimización, discriminación y estigmatización, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Después que la cámara de diputados aprobara el 23 de marzo de 2022 la reformas al Código Penal Federal, con penas de hasta 10 años de prisión, si un servidor público difunde imágenes de víctimas de un delito, el estado de Chiapas, se convirtió en la quinta entidad en legislar con un enfoque de género ante el incremento de la violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
La reforma busca evitar la revictimización, protegiendo la intimidad, memoria y dignidad de las víctimas y sus familiares, subrayó el legislador de morena.
Al proteger la memoria de la víctima, se refuerza también el derecho de las familias a un proceso justo, con respeto a su bienestar psicológico y sin exposición pública que les cause daño adicional, destacó en entrevista el diputado Avendaño Bermúdez.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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