La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, respondió al informe sobre los asuntos pendientes que dejaban los integrantes de la segunda sala que ofreció el ministro Javier Laynez Potisek en días pasados.
El martes pasado, el ministro Javier Laynez Potisek ofreció un balance del trabajo realizado por los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte, la cual se encarga de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral.
Es presidida por el ministro Javier Laynez Potisek y la integran las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yazmín Esquivel Mossa, así como el ministro Alberto Pérez Dayán.
El ministro Laynez Potisek explicó que en enero, la segunda sala comenzó con 200 asuntos y que en el transcurso de estos meses ingresaron 567, por lo que se tuvo un total de 767 asuntos para resolver.
“Se resolvieron 720. Es decir, el 93.87 por ciento de los asuntos se resolvieron oportunamente. Eso significa que estamos regresando a la Secretaría General de acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes”, indicó.
Laynez Potisek informó que de los ministros, Lenia Batres es la que dejó más asuntos sin resolver:
-Ministro Pérez Dayán dejó cinco asuntos pendientes
-Ministro Laynez Potisek dejó cuatro asuntos pendientes
-Ministro Yazmín Esquivel dejó dos asuntos pendientes
-Ministra Lenia Batres dejó 36 asuntos pendientes
Ante esto, la ministra utilizó sus redes sociales para rechazar la versión dada por el ministro y afirmó que fue quien más asuntos resolvió en la segunda sala.
Compartió una tabla en la que desglosa los asuntos que se resolvieron en definitiva al corte del 26 de agosto.
Las cifras, que asegura son estadísticas de la Suprema Corte, indican que en sesión, Batres Guadarrama resolvió 176 asuntos; 17 fueron enviados a colegiados y siete fueron egresos por retorno, por lo que en total resolvió 200.
Mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán resolvió 162 en sesión, 12 fueron enviados a colegiados y uno fue egreso por retorno.
Su tabla indica que el ministro Javier Laynez Potisek resolvió 163 asuntos en sesión, 14 fueron asignados a colegiados y cinco fueron egresos por retorno.
Con información de El Financiero.

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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