"No queremos ver tanques en nuestras calles": alcalde de Chicago ordena a funcionarios locales a rehusarse a colaborar con agentes federales

EFE.- El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado una orden ejecutiva que instruye a todos los departamentos de la ciudad a no colaborar con el gobierno federal, adelantándose a una posible militarización de la urbe, con la que ha amenazado la administración Trump, para combatir el crimen.

"Hoy firmo una orden ejecutiva que lanzará la iniciativa 'Protegiendo a Chicago'", afirmó el alcalde demócrata en una rueda de prensa, en la que explicó que la medida ordena que "el Departamento de Policía de Chicago no colaborará con el personal militar en patrullas policiales o en la aplicación de la ley de inmigración civil".

Johnson respondió así al posible despliegue militar en Chicago, con el que amenazó recientemente el presidente estadounidense, Donald Trump, a imagen de lo que hizo recientemente en Washington D.C., también bajo una alcaldesa demócrata.

Esta estrategia, no obstante, podría venir acompañada de un aumento de las redadas contra migrantes irregulares.

"No queremos ver tanques en nuestras calles. No queremos ver familias destrozadas. No queremos que las abuelas sean arrojadas a la parte trasera de furgonetas sin identificar. No queremos ver a los habitantes de Chicago sin hogar acosados o desaparecidos por agentes federales", subrayó Johnson.

Y agregó que la orden instruye al Departamento de Leyes "a seguir todos y cada uno de los mecanismos legales para responsabilizar a esta administración por violar los derechos de Chicago".

El alcalde indicó que esta medida se alinea con los intereses del gobernador de Illinois, el también demócrata J.B. Pritzker, y precisó que ha estado en contacto con compañeros demócratas de Los Ángeles para saber qué puede esperar Chicago.

Además de en la capital, el gobierno de Estados Unidos ya desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el estallido de unas protestas contra las redadas migratorias el pasado junio.

Trump es "la mayor amenaza para nuestra democracia que jamás haya experimentado la historia de nuestro país", sentenció Johnson en su alocución.

 

Con información de: LatinUs.

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Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB

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La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.


En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.


Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.


Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso

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Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.

Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.


Quieren afiliar a todo GyC

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.

De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de  93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.

 Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.

Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

 

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