Investigan presunta alianza de la Profeco y el CJNG
La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de extorsión operada desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en posible coordinación con organizaciones del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
La indagatoria, revelada por La Silla Rota, señala como posibles implicados a altos exfuncionarios de las administraciones anteriores del organismo, entre ellos los extitulares Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero.
La carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 fue abierta por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. En ella figuran al menos veinte exservidores públicos distribuidos en dos grupos, identificados como los “Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”.
Sheffield es actualmente senador por Morena, mientras que Aguilar Romero estuvo al frente de Profeco hasta el 30 de octubre de 2024. Su paradero actual es desconocido.
Un excolaborador de ambos funcionarios, identificado como “Pablo”, declaró ante el Ministerio Público el 5 de febrero de 2025 y se convirtió en testigo clave del caso. Afirmó que existe una red de funcionarios que exigía cuotas mensuales a alrededor de seis mil estaciones de gasolina en el país. De acuerdo con su testimonio, cuando los empresarios no accedían a pagar las “vacunas”, eran amenazados por sicarios o exhibidos públicamente en el programa “Quién es quién en combustibles”.
El testimonio también señala a Sergio Arturo Iturbe, exdirector de la Oficina de Defensa del Consumidor en Guerrero, como presunto operador financiero en esa entidad, en colaboración con Guerreros Unidos.
Otro nombre mencionado es el de Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración, quien supuestamente coordinaba con el Cártel Santa Rosa de Lima para la logística del cobro de “moches”. Según “Pablo”, Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada de Morena, le comentó que el CJNG le brindaba protección a cambio de una parte del dinero recaudado.
Con base en estas declaraciones, la FGR solicitó la intervención de comunicaciones de varios implicados y realizó entrevistas a trabajadores de gasolineras en Ciudad de México y el Estado de México. En una de estas acciones, se identificó a tres personas –Arturo N, José de Jesús N, alias “El Pelón”, y Miguel N– como presuntos responsables de cobrar entre 20 y 25 mil pesos mensuales por estación, con base en el número de sucursales operadas por cada empresario.
Las cuotas exigidas eran registradas en hojas de Excel que, según el testigo, eran compartidas directamente con Sheffield y posteriormente con Aguilar Romero. A cambio de los pagos, se les notificaba con anticipación sobre visitas de verificación o se evitaba inmovilizar las bombas por supuestas irregularidades administrativas.
Una de las declaraciones de “Pablo” describe una reunión en septiembre de 2023 en el departamento de Sheffield. En ella, David Aguilar Romero llevó una tarjeta informativa para coordinar la distribución del dinero, debido a que Sheffield se preparaba para iniciar su precampaña a la gubernatura de Guanajuato.
La FGR también cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y Aguilar Romero, en las que se compartían listas de estaciones que habían cumplido con los pagos exigidos. Estas pruebas fueron integradas a la carpeta de investigación junto con informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como el documento SSPC/CONASE/AI/0260/2025.
En otra línea de investigación, un trabajador de una gasolinera en Iztapalapa relató que fue amenazado por un presunto inspector de Profeco identificado como Arturo N, quien exigía hablar con el encargado del negocio para “evitar con estarlos chingando con más visitas” y advirtió que, de no hacerlo, “se lo iba a chingar” con la suspensión de actividades.
Los empresarios gasolineros han denunciado desde hace años esquemas de extorsión presuntamente impulsados en conjunto por miembros del crimen organizado y funcionarios públicos. Aunque en 2022 se registraron algunos ceses de personal tras denuncias internas, la investigación de la Fiscalía indica que el esquema se mantuvo en funcionamiento. Consultado por La Silla Rota, el exprocurador Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de la investigación y afirmó que no ha sido notificado por ninguna autoridad. La investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía recaba más testimonios y analiza las pruebas presentadas por el testigo colaborador.
Tips al momento
No dieron permiso vecinos para poner pintas
Reportan que vecinos de la colonia de la Junta de Los Ríos se han quejado de la pinta de bardas que se han realizado sin su consentimiento.
De acuerdo a la información, aparecieron este miércoles una serie de pintas con la leyenda #EsAndrea.
La molestia de los colonos deriva en que han señalado que estas leyendas, se pintaron sin preguntar y sin su consentimiento, por lo que ya analizan interponer quejas contra quienes resulten responsables.
Cabe señalar que estas pintas de bardas de #EsAndrea se ha relacionado con la promoción en favor de la senadora Andrea Chávez.
Arturo Grado dirigirá a los vecinos de Residencial San Francisco Country Club
Este miércoles se celebró la asamblea para elegir al nuevo comité directivo del Residencial San Francisco Country Club, uno de los fraccionamientos más importantes de la ciudad y en donde afloran las pasiones y todo en momentos pareciera tornarse una competencia politica.
En este caso, ganó la planilla encabezada por el abogado Arturo Grado, quién sucederá al Presidente saliente Arturo Flores, a quien sus vecinos le apodan.MacArthurHubo algo de polémica pero finalmente todo terminó en paz.
Arturo Grado fue muy conocido en su momento porque el abogado de Gloria Trevi y continúa dedicándose al litigio.
La asamblea empezó a las 17 horas y terminó casi a las 21 horas, con un resultado 157 votos contra 50, a favor de la planilla "Espíritu de Servicio", de Grado, contra la Planilla "Suma"
Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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